Nacional
Con votos de la oposición, comisiones unidas aprobaron justicia militar en las RUF
Las comisiones unidas de Constitución y de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados despacharon este jueves por la noche, en general y particular, el proyecto sobre el uso de la fuerza (RUF) por parte de policías y Fuerzas Armadas.
De este modo, la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por la Sala este viernes.
El grupo parlamentario venía trabajando esta iniciativa, en forma intensiva, durante esta semana, como respuesta por el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete, el pasado 27 de abril.
Los diputados rechazaron a principios de esta semana el denominado principio de proporcionalidad, que consistía en establecer que el tipo y nivel de fuerza empleada debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión.
Asimismo, se aprobaron las etapas en el uso de la fuerza. Estas tienen concordancia con el grado de resistencia o agresión al que se ve enfrentado el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en un contexto particular.
Dentro de estas se encuentran los conceptos de: actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad y utilización de fuerza menos letal, entre otras.
Los parlamentarios rechazaron que haya reglamentos con uso diferenciado de la fuerza según grupos sociales, como minorías sexuales, migrantes o adultos mayores.
Además, aprobaron la utilización de la fuerza potencialmente letal, incluso en la protección de infraestructura crítica cuando exista peligro grave de afectación. El Gobierno advirtió que, así como quedó la redacción, «se autoriza a matar» a alguien aún cuando no esté agrediendo a los efectivos militares.
El mayor cambio fue la incorporación de un artículo -aprobado estrechamente con votos de la oposición- que establece que los uniformados que sean imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones serán juzgados por tribunales militares. Esto, en cuatro hipótesis: en estado de excepción constitucional y en el resguardo de la infraestructura crítica, de zonas fronterizas o de procesos electorales.
El diputado republicano Luis Sánchez, uno de los promotores de la mentada norma, señaló que «el problema que nos ha traído acá, siendo súper sinceros, más allá de los tristes y bien indignantes hechos que condujeron a la muerte de tres carabineros, es un problema que se ha venido suscitando durante años en nuestros tribunales, que es este paseo infame de militares y carabineros que han estado dentro de los tribunales, enfrentando juicios, por tan solo haber hecho su trabajo».
«Me acuerdo especialmente, y estuvimos en la cárcel de La Serena visitando al conscripto Robledo, que salió a la calle, disparó balas de salva, su arma nunca fue periciada y, aún así, hoy día está cumpliendo una condena de cárcel. Y casos así hay muchos», agregó el legislador.
La indicación generó rechazo en el oficialismo. Según el diputado independiente-PPD Jaime Araya, parte de una premisa equivocada: «Si es cierto (lo que plantea la derecha), habría que haber tenido la decencia de poner acusaciones constitucionales contra los ministros de cortes de apelaciones que ratificaron esos fallos. Díganme un diputado que haya acusado a un ministro de corte de apelaciones en alguna región… Ninguno».
RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD
Ante la aprobación de la controvertida enmienda, el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad y apuntó que una propuesta de estas características es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, opinó que «el proyecto de RUF ha sido muy complejo de tramitar en la Cámara de Diputados y en los últimos días se han despejado la mayoría de los puntos: en algunos, el Ejecutivo no está conforme, pero queda tramitación por delante todavía».
«El debate que decidió que los tribunales militares no analicen casos en que hay civiles involucrados no se dio hace mucho tiempo en el país y se fue por un camino. Ahora, si hay un grupo parlamentario que quiere reabrir ese debate es totalmente legítimo, pero nos parece que este proyecto no es la instancia para ello, por las ideas matrices que tiene, que van en otra dirección, y por qué ese tipo de materia se refiere a funciones de los órganos del Estado que son privativas del Ejecutivo en su iniciativa», expuso.
A partir de las 16:00 horas de este viernes, la Sala de la Cámara Baja comenzará a revisar el proyecto.
Nacional
Sernapesca y Armada vigilan el tránsito de flotas internacionales por la Zona Económica Exclusiva
La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantienen una vigilancia activa y permanente para controlar el tráfico marítimo en nuestros espacios nacionales, con especial atención en el tránsito de flotas de naves de origen extranjero, que todos los años se traslada desde el Océano Atlántico hacia las zonas de pesca en la zona central del Océano Pacífico, cruzando por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Para llevar a cabo esta importante tarea, la polifuncionalidad de los medios con que la Armada de Chile cuenta, juega un papel fundamental permitiendo disponer de aeronaves, buques y submarinos, para vigilar las áreas de operación de las flotas pesqueras extranjeras, tomando registros e interrogando a los buques, si fuera necesario, ya sea que se encuentren dentro o adyacentes a la ZEE.
Ambas instituciones mantienen sus propios centros de monitoreo donde se analiza en tiempo real el movimiento de estas naves, por medio del “Sistema de Identificación Automática” (AIS) y el uso de los sistemas proporcionados por Global Fishing Watch. Además, en la Central de Monitoreo y Análisis de la Armada, ubicada en las dependencias de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar), se analiza, en tiempo real, el movimiento de estas naves, donde, además, se tiene la capacidad de verificar o coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento que puedan ocurrir en espacios de responsabilidad chilena.
Si bien, el monitoreo remoto es una herramienta que permite conocer el panorama de superficie, la fiscalización en el mar es crucial al momento de comprobar cómo opera la flota. Para esta labor se han utilizado submarinos nacionales, desarrollando fiscalizaciones pesqueras con resultados exitosos, permitiendo, en caso de detectar algún incumplimiento, recopilar registros fotográficos, de audio y video que permiten realizar las denuncias internacionales a través de los conductos pertinentes.
Las naves extranjeras, una vez iniciado su tránsito, navegan desde sus caladeros, en dirección general Sur, hasta la Boca Occidental del Estrecho de Magallanes, para hacer el cruce de Boca a Boca y dirigirse al Océano Atlántico y proseguir sus actividades extractivas.
Cabe hacer presente que todas estas naves son monitoreadas a través de un sistema de posicionamiento automático satelital (VMS), el cual reporta su posición a una central de monitoreo ubicada en la Secretaría de la Organización Regional del Pacífico Sur ubicada en Nueva Zelanda y al Estado de su respectiva bandera, por tanto, son naves autorizadas por dicha Organización, siendo su labor de pesca una actividad lícita.
La fiscalización, el monitoreo y la vigilancia de los espacios marítimos es una tarea permanente entre la Directemar y Sernapesca, labor que realizan con todos los medios que disponen, vigilando los 365 días del año y las 24 horas del día.
Además, Sernapesca coordina la inspección de las naves extranjeras que recalan en puertos nacionales, velando por el cumplimiento de la normativa internacional suscrita mediante el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre las “Medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (AMERP).
De esta forma, Sernapesca realiza la inspección correspondiente, con la participación de personal de la Armada, Servicio de Salud, PDI (Extranjería) y Aduana, donde se revisa la documentación a bordo de la nave, los permisos de pesca, el manifiesto de carga a bordo y toda documentación que sea de interés, además de la inspección visual de las bodegas de la nave y los artes de pesca a bordo, junto con la verificación y certificación de los desembarques, en términos de cantidad y especies, cuando corresponda.
Soledad Tapia Almonacid, Directora Nacional de Sernapesca, se refirió al trabajo colaborativo que realiza la institución con la Armada. “Estamos trabajando con la Armada durante todo el año en relación a la vigilancia en Alta Mar. Es importante señalar que es un trabajo que hacemos en conjunto de monitoreo y vigilancia de todas las naves de pabellón extranjero que ingresan a nuestras aguas o se encuentran cercanas a las 200 millas, para dar la seguridad a nuestra ciudadanía”, expresó la autoridad, agregando que a la fecha no han habido detenciones ni incumplimiento y, en caso contrario, existen procedimientos que se llevan a cabo junto con la Armada.
Por su parte, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada, Contraalmirante (LT) Sigfrido Ramírez, resaltó que este monitoreo permanente permite asegurar que no se produzcan transgresiones a la normativa pesquera. “Cada uno de estos monitoreos se va enfocando de acuerdo a la época y las diferentes flotas que operan frente a nuestras costas. Es importante destacar la flexibilidad de los medios con los que contamos, lo que nos permite que este monitoreo, que se efectúa de manera remota, también se pueda realizar en el mar con diferentes medios tanto aéreos como de superficie”, manifestó la autoridad naval, haciendo hincapié en el trabajo coordinado con Sernapesca, el cual ha permitido llevar a cabo una serie de fiscalizaciones.