Luego de casi cinco años finalmente se iniciarán las obras de emergencia para reparar los pilares de la iglesia Nuestra Señora del Patrocinio de Tenaún. La iglesia es una de las 16 iglesias que conforman el Sitio Iglesias, Patrimonio de la Humanidad, de Unesco

Los recursos se han dispuesto desde el Consejo de Monumentos Nacionales a través del área de Patrimonio en Riesgo y son alrededor de $45 millones. Las obras parten hoy lunes 22 de mayo y su término está previsto para inicios de agosto. En total son 75 días de obras.

La empresa a cargo se llama Arquitectura Local y está conformada por arquitectas y carpinteros con trayectoria en restauración patrimonial. Una de ellas, la arquitecta Olivia Medina y el carpintero Alejandro Muñoz, ambos con larga experiencia en la restauración de iglesias de la llamada Escuela de Carpintería Chilota Religiosa en Madera.

Hoy durante la mañana se firmó el acta de entrega para el arreglo de los pilares. Asistió, desde el Concejo de Monumentos Nacionales, el arquitecto Alonso Maineri; desde el Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial, el arquitecto Juan Fernando Yáñez; representando a la Fundación de Iglesias Patrimoniales (del obispado) Natalia Cruz. Además, desde la comunidad, Georgina Pérez, en representación del Comité de Capilla, el vecino y concejal Nicolas Bahamonde entre otros.

Durante la jornada se informó de cómo se llevará a cabo el proceso, de lo materiales que se utilizarán y de la disposición a recibir sugerencias y comentarios de la comunidad. Se destacó que si hay algo que se ha aprendido en todos estos años es a considerar los saberes locales en la preservación de los inmuebles y del valor central de la comunidad en su mantención.

Además, desde el Centro del Patrimonio Mundial, Juan Fernando Yáñez comentó que se están conformando mesas en todas las comunas para consolidar los modelos de gestión de las iglesias y que en ellas las comunidades tienen un rol fundamental. Estas gestiones se están desarrollando en conjunto con los municipios. La de Dalcahue ya está a punto de comenzar a funcionar.

Por su parte desde la Fundación de las Iglesias Patrimoniales, representante del Obispado, Natalia Cruz informó que se están elaborando manuales particulares a la cada localidad para colaborar en una serie de temáticas, por ejemplo, la gestión turística de los inmuebles; para instalar capacidades para la gestión de recursos; de prevención de incendios, entre otros.

Con presencia de los funcionarios de Secplan y dirigentes del Comité de Agua del sector, Rubén Vidal y Mauricio Barría,  de Tehuaco, comuna de Dalcahue,  Alex Gómez Aguilar, alcalde, dio el vamos al funcionamiento del nuevo profundo que abastecerá y asegurará de agua a la comunidad.

El proyecto para tener un pozo profundo fue financiado con recursos de la Subdere -unos $80 millones- y con aportes municipales. Las obras consistierion en la excavación de un pozo de 80 metros de profundidad, ubicado en un predio que adquirió la comunidad  para tales efectos, que tiene un caudal promedio de 1,5 litros de agua por segundo y en los empalmes al sistema de red actual.

“La comunidad está ansiosa por inaugurar ya este proyecto, estamos con el equipo técnico y el contratista para hacer el empalme al sistema de agua que tiene un gran estanque. De todos modos, darle tranquilidad a la comunidad que estamos trabajando un proyecto de APT con la DOH para que tengan un sistema en regla” sostuvo Gómez Aguilar.

La comunidad, que ha crecido sostenidamente en los últimos años, tenía un sistema de agua comunitario abastecido desde una vertiente. Hace 23 años en Tehuaco había tan solo unas 25 familias. Hoy son 75.

Este aumento en su población, sumado a la crisis hídrica que cada vez afecta a más sectores de la provincia, sobre todo de febrero a marzo, impulsó a la comunidad en conjunto con la municipalidad a buscar una solución previa a un proyecto mayor de APR (Agua Potable Rural) en el cual se está trabajando desde la Secplan municipal, a cargo de Camilo Soto.

El tendido de agua potable en Tehuaco tiene una extensión de unos 8 km y un estanque de acopio y distribución de unos 30 mil litros de agua de fabricación australiana y está ubicado en el sector alto del sector. Entre otras mejoras, además del nuevo pozo profundo, se está instalando un sistema de energía solar para dar autonomía al sistema de levante del agua.

DALCAHUE (La Opinión de Chiloé) — Una compleja indagatoria lleva adelante detectives de la Policía de Invstigaciones de Ancud para dilucidar la dinàmica de un conjunto de ataques sexuales perpetrados por un delincuente en la comuna de Dalcahue, y del que serían víctimas varias menores de edad.

De acuerdo a antecedentes policiales que tuvo a la vista La Opinión de Chiloé, la investigación habría comenzado luego que una mujer de 27 años de edad denunciara a un sujeto —desconocido hasta ese momento— por presuntos actos de connotación sexual en la vía pública, más específicamente, por haber exhibido sus genitales provocándole fundado temor.

Así las cosas, el Ministerio Público de Castro emitió una orden particular de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI de Ancud ante la eventualidad de un delito de ofensas al pudor y/o acoso sexual, levantándose una serie de medios probatorios que darían cuenta, sorpresivamente, que además de este incidete, habrían otros de mayor gravedad donde estarían involucradas, en calidad de víctimas, al menos cuatro menores.

En efecto, en medio de diversas diligencias, se pudo identificar a una posible víctima de abuso sexual infantil, quien refirió que entre los años 2012 y 2013, el aludido la habría ultrajado en su indemnidad sexual, partiendo todo cuando ella tenía apenas 10 años de edad.

Todo se habría dado en el contexto de una supuesta relación de confianza, que llevó a que el imputado la agrediera en reiteradas ocasiones. Las diligencias de la PDI lograron que la afectada relatara lo que le pasó tras mantener este secreto durante años.

Las labores investigativas de los detectives continuaron, lográndose identificar con posterioridad a otra potencial víctima del delincuente, quien se atrevió a contar que fue objeto de violaciones reiteradas entre los años 2014 y 2015, y que habría ocultado lo que le pasó por temor y verguenza.

Todo habría comenzado cuando la aludida tenía alrededor de 15 años de edad, estándose a la espera de peritajes complementarios para reconstruir no solamente las circunstancias detrás de estos ataques, sino que su tenor y alcance preciso, antecedentes que La Opinión de Chiloé mantedrá bajo reserva por ahora.

Por otro lado, aún hay diligencias pendientes respecto de otras dos menores de edad que también habrían relatado actos de connotación sexual de las que habrían sido víctimas, estándose en etapa de levantamiento de medios probatorios respecto de ellas.

La información fue confirmada por el subprefecto Mauricio Espinoza, jefe de la BRISEX de la PDI de Ancud, quien aseveró que fueron mandatados por el fiscal para la captura de este sujeto, con previa autorización judicial de carácter verbal, atendida la existencia de pruebas contundentes para, al menos, las tres primeras víctimas.

Agregó respecto del modus operandi que «el detenido, aprovechàndose de su confianza con las víctimas, de las que es vecino del sector, les ofrecía dulces y dinero, invitándolas al interior de su vivienda, correspondiente a un bus abandonado en la vía pública, lugar en el cual cometía los actos de connotación sexual»

Corroboró también la presencia de una cuarta y quinta víctimas potenciales: «además, en la presente investigación, se logró establecer la existencia de al menos dos víctimas más de agresiones sexuales a manos del mismo imputado, ambas menores de 18 años», dijo.

En la misma línea, el fiscal adjunto jefe de Castro, Enrique Canales Briones, detalló que la aprehensión del delincuente «se basó en múltiples y contundentes evidencias contenidas en los informes de la BRISEX recibidos luego de iniciada una indagatoria por un hecho específico de menor gravedad».

Corroboró que tras el avance de las diligencias, el reporte de la PDI «determinó la existencia de varias víctimas», dijo, explicando con posterioridad ante el Juzgado de Garantía de Castro que el imputado representaría un peligro para la seguridad de la sociedad.

El aludido, de 55 años de edad, pasó a control de detención durante este martes, declarándose ajustada a derecho, para posteriormente ser sometido a formalización por la eventual participación de varios ilícitos.

Respecto de la afectada de 10 años de edad, el Ministerio Público de Castro asveró que existiría un delito de abuso sexual propio o directo de menor de 14 años de edad, descrito y sancionado en el artículo 366 bis del Código Penal, en carácter de reiterado.

En cuanto a la adolescente de 15 años de edad, se señaló ante el juez de garantía que se configuraría un delito de violación propia o directa de mayor de 14 años, descrito y sancionado en el artículo 361 del Código Penal, en carácter de reiterado.

En el caso de la víctima mayor de edad, se le imputto la eventual existencia de un delito de ofensas al pudor, descrito y sancionado en el artículo 373 del Código Penal.

Para el persecutor penal, en todos estos ilícitos la participación sería en calidad de autor conforme al artículo 15 n.° 1 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado.

Desde la Defensoría Penal Pública en tanto, el abogado Pablo Figueroa incidentó la calificación jurídica de los ilícitos realizada por la Fiscalía y/o su existencia, arguyendo, entre otras cosas, que no existirían testigos que acrediten los actos vejatorios.

Eso fue desechado por el Tribunal, teniendo en consideración que, en los delitos de índole sexual puede aceptarse como una máxima de experiencia que, por lo general, tienen una mecánica comisiva de carácter subrepticia u oculta, pues el hechor desarrolla la conducta abusiva en forma encubierta, para no ser sorprendido por otras personas que puedan informar sobre lo ocurrido, en especial, en aquellos casos en que existe una cercanía en razón de una relación de parentesco, una vinculación afectiva o de amistad con el círculo más cercano de la víctima o con ella misma, o una relación de autoridad.

Detrás de este razonamiento de la juez de turno, estaría implícito que en la gran mayoría de los casos no existan testigos presenciales de los hechos abusivos, y que se vean enfrentadas las versiones de acusado y las víctimas, por lo que mal puede exigirse una prueba complementaria, que aporte elementos objetivos y ajenos por completo a la subjetividad de las afectadas respecto al suceso delictual.

Es por ello que, en general ante este tipo de ilícitos, la eventual validez del convencimiento judicial, debe iniciarse, con la apreciación de los dichos de la víctima, pues es la única que ha percibido por sus sentidos la experiencia dañosa, debiendo ponderarse la plausibilidad y credibilidad objetiva y subjetiva de su relato, considerando su coherencia interna, univocidad, consistencia y persistencia en el tiempo en cuanto a las acciones desplegadas, aspectos periféricos y la individualización del autor, de acuerdo a su etapa evolutiva y características personales, analizando también la posibilidad de que aquel haya sido inoculado por otras personas o que se trate de una acusación en falso o motivada por posibles ganancias secundarias, que sean el estímulo para una alegación espuria.

Así, sopesados los antecedentes acompañados en la causa, el juez de turno concluyó que existiría un correlato consistente entre los medios probatorios recopilados por las policías, el relato de las víctimas, de los testigos y las imputaciones de la Fiscalía, por lo que el encartado podría ser responsable de estos delitos.

Por lo tanto, expresó que por ahora, los hallazgos de la indagatoria son suficientes para estimar que aparece justificada tanto la existencia de una violación de menor de edad, de un abuso sexual infantil y de ofensas al pudor, por los que ha sido formalizado el imputado como también, atribuir el día de hoy su participación en calidad de autor.

Así las cosas, y tras requerimiento del fiscal a cargo de la causa, el tribunal decidió imponer la medida de prisión preventiva tras considerar que la libertad del sujeto era un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de 120 días.