El próximo viernes 26 de abril de 2024 entra en vigencia la Ley 21.561, conocida como Ley de 40 horas, que reduce gradualmente la jornada laboral en Chile. Esta es la primera etapa de la legislación, por lo que desde esa fecha la jornada laboral se reducirá de 45 a 44 horas semanales.

El cronograma contempla una disminución gradual de las horas de trabajo, por lo que en abril de 2026 se alcanzarán las 42 horas y tendrá plena vigencia cuando se implementen las 40 horas de trabajo semanales en 2028.

“Este 26 de abril van a empezar a regir la Ley de 40 horas en el país. Por eso, queremos que tanto trabajadores, trabajadoras,  empleadores y empleadoras tengan claridad de cómo se va a ejercer este derecho, no solo en el tema de la reducción de jornada, sino también en otros aspectos de la normativa que entra en vigencia”, manifestó el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner.

¿Cuáles son los otros aspectos que contempla la normativa en esta primera fase?

Las principales medidas son:

Reducción de jornada ordinaria a 44 horas.

Reducción de jornada a 44 horas promedio en cómputo de hasta 4 semanas.

Horas extra compensadas con descanso.

Registro de asistencia electrónica.

Bandas horarias para trabajadores madres, padres y quienes tengan el cuidado personal de niños y niñas de hasta 12 años

Jornada parcial para aquellos que han convenido una jornada de trabajo no superior a 30 horas semanales.

Nuevas medidas para las trabajadoras casa particular puertas adentro y afuera.

Restricción de la excepción de jornada, dependiendo de la naturaleza de la labor ejercida, según el Artículo 22, inciso segundo de la Ley.

En torno a este artículo de la Ley, que exime a los trabajadores del derecho a la jornada laboral, la nueva normativa restringe de manera significativa las labores que quedan exceptuadas de jornada (labores de alta gerencia y quienes trabajen sin fiscalización inmediata según la naturaleza de sus funciones), otorgándole a todas las personas el derecho a tener una cantidad máxima de horas trabajadas.

Asimismo, en las empresas que opten por aplicar la jornada de 40 horas semanales se podrán acordar, entre las partes, la distribución de jornadas laborales de 4×3.

Otro punto importante es que la reducción de la jornada no implica en ninguna circunstancia una disminución de los sueldos de los trabajadores.

Ante cualquier duda, denuncia o reclamo, tanto los trabajadores/as como lo empleadores/as podrán acercarse a la Dirección del Trabajo o a sus inspecciones regionales, provinciales o comunales en el país.  (Ver oficinas)

Para más información sobre la Ley 40 horas en: https://mintrab.gob.cl/40horas/

Para nadie es un misterio que Chiloé se está quedando paulatinamente sin agua, algo más común de lo que se cree en esta zona del país, sobre todo en sectores rurales y apartados donde cada verano son los camiones aljibes gestionados por los municipios quienes van en ayuda de cientos de familias y agricultores del archipiélago que sufren con la escasez del vital elemento. El cambio climático, la mayor densidad poblacional y la pérdida del bosque nativo han aumentado la escasez de agua, sobre todo ahora en verano factores que al parecer y en su momento, no fueron evidencia suficiente para la Dirección General de Aguas, encargada de realizar un informe que consideró sólo a la provincia de Palena con potencial de peligro hídrico dejando fuera a la provincia de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Informe que se dio a conocer en septiembre del 2023.

Es por tal razón que el Presidente de la Asociación de Municipios del archipiélago y alcalde de la comuna de Queilen, Marcos Vargas Oyarzún nuevamente en enero del 2024 y considerando que la situación de hoy es crítica nos señala una vez más, su preocupación y molestia por esta situación, la cual ha sido calificada como grave y que no se consideró de buena manera en los tiempos que correspondían. “ recibimos en septiembre del 2023 de parte de la Delegación Presidencial un oficio que da cuenta de que la propia Delegación en su momento le pidió un informe al Ministerio de Obras Públicas que fue encargado a la Dirección General de Aguas donde se señala que solamente la provincia de Palena sería declarada como zona de crisis hídrica y no la provincia de Osorno, Llanquihue y Chiloé, esto significó que desde octubre ninguno de los municipios de Chiloé tendría la posibilidad de tener recursos para el arrendamiento de camiones aljibes para distribuir agua en la época de verano especialmente en los rincones rurales e insulares del archipiélago de Chiloé. Fue, sin duda alguna, una decisión errada e irresponsable. En todo este tiempo hemos conversado con los demás alcaldes porque la molestia y preocupación es profunda, es una situación delicada y grave que queremos dar a conocer públicamente y vamos a hacer llegar nuestro reclamo a todas las instancias que correspondan con el fin de encontrar una rápida y pronta solución. Los municipios prácticamente no pueden sustentar en soledad este problema y es deber y obligación de nosotros velar por los cientos de familias que se están viendo afectadas. Lamentablemente hasta el día de hoy aún no tenemos respuesta de la Delegación Provincial ni Regional.” Complementando lo anterior, el edil queilino agrega, “han pasado 4 meses de esos documentos y todavía no sabemos si vamos a tener recursos para contratar camiones aljibes. Necesitamos con urgencia una solución a la brevedad y los recursos no lleguen cuando termine el verano, es más las personas pueden pensar que es el municipio el responsable de la falta de camiones aljibes siendo que se solicitó hace mucho tiempo dichos recursos para paliar el déficit hídrico. No nos gustaría desembolsar recursos que no tenemos para este problema, hay muchas familias de Chiloé y de la comuna de Queilen que esperan una respuesta frente a este tema”. Finalizó el Presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé.

Actualmente en Chiloé son cerca de 150 Comités de Agua Potable Rural (APR) regulados por la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que busca normalizar la operación y administración de las organizaciones que mantienen la distribución de agua en los sectores rurales.

Sin embargo, desde las mismas organizaciones señalan que la ley supone una serie de exigencias que hacen inviable su cumplimento y que van desde temas administrativos y técnicos, que incluso conllevan sanciones asociadas.

Es por ello que se creó una mesa de conversación entre el Gobierno y las entidades sociales, que buscan abordar los planteamientos de los comités de APR y cooperativas para modificar la nueva ley y asegurar que sea un avance para las organizaciones comunitarias que hoy administran el agua potable en los sectores rurales,

REALIDAD

Jonathan Farah, presidente de la Asociación Provincial de Comités de Agua de Chiloé y miembro de la Mesa Única Nacional del Ministerio de Obras Públicas indicó que hoy se está buscando que se cumpla la norma por organizaciones que no estaban preparadas y operan con carencias en infraestructura como administrativas. Agregó que la norma, en las actuales condiciones es perjudicial para el funcionamiento de los comités por las existencias de operatividad, tratamiento de tarifas, fiscalización y sanciones asociadas a la operación deficiente, que podría derivar en una acción judicial. “Resulta que muchos comités hoy no tenemos ni siquiera agua, entonces, la ley viene a exigir que los Comités de Agua entreguen agua en calidad, cantidad y continuidad, siendo que no la tienen. Entonces, se ven imposibilitados de dar cumplimiento. Esto no es por culpa de los comités, sino por la mala gestión que ha tenido el estado en esta materia, han sido muy abandonados, por mucho tiempo, bajo un programa del MOP, con asesorías de las sanitarias (…) pero no estuvieron al día. Hoy tenemos diagnósticos paupérrimos infraestructura no adecuada, los comités están con 20 a un 50% de solicitudes de agua en las zonas rurales y no están condiciones de entregar agua” señaló.

En este contexto, indicó que antes de implementar la ley se debió poner al día a los comités para cumplir con las exigencias. Estas no van solo en infraestructura, sino en la posesión del agua, entendiendo que más del 50% de los comités del país no tienen derecho de agua. Aquí, el dirigente lamentó que el Estado no mediara para que estas organizaciones tengan la capacidad mínima para cumplir la ley. “La ley trae sanciones para los dirigentes cuando han hecho mal su labor, ya sea sanciones de censura a los directorios, responsabilidad civiles, penales y administrativas, cuando ha habido una actuación que no corresponde y nosotros señalamos que si hay una mala operación se tiene que ayudar para que eso se solucione, pero no pueden haber sanciones cuando estamos en manos de organizaciones voluntarias, que toman una tremenda responsabilidad del agua. Hay sanciones y no hay otras ayudas”

Es así que los 33 dirigentes que conforman la Mesa Única Nacional buscan por ley fortalecer el rol de los dirigentes, la tenencia del agua para los comités y que otras instituciones sanitarias los reconozcan como usuarios estratégicos, entregándoles más herramientas.

“La ley está vigente, pero se han hecho algunas prórrogas como, por ejemplo, la entrada en rigor de la fiscalización a través de la Superintendencia, que tendrá un calendario de acuerdo a la categorización de estos comités. En noviembre de 2024 tendría que fiscalizarse los comités mayores, de más de 500 arranques y de aquí al 2029 el resto, para entrar en una armonización. Los mismo con las tarifas (…) Una de las cosas más importantes es que a través de la ley se busque el fortalecimiento del rol del dirigente y que eso conlleve a que el agua y la administración del agua potable rural siga en manos de la comunidad y no se vea amenazada porque puedan venir las sanitarias y tomar la admiración. Es la primera protección que buscamos”, cerró.

PERJUICIOS

Quien también se manifestó sobre el tema fue el Consejero Regional, Francisco Cárcamo, quien indicó que no están dando solución a los problemas de los comités. Agregó que se debe existir un mayor funcionamiento y apoyos técnicos de parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales hacia los comités y no dejarlos solos.

Cárcamo, apuntó que los proyectos de conservación de servicios sanitarios rurales, que tienen un bajo costo, se han visto perjudicados por la nueva Ley, producto de  que requieren una serie de trámites administrativos para obtener su financiamiento.

“Los proyectos de conservación no indican, que por una indicación de Mideso, (Ministerio de Desarrollo Social), tienen que pasar nuevamente para su evaluación, proyectos de conservación que son puntuales para salir de un punto crítico, doy un ejemplo, el Comité APR del Quilar, de la comuna de Ancud, un APR pequeño, que con el esfuerzo de sus dirigentes hoy está vigente y entregando un servicio esencial como es el agua, pero lamentablemente hoy tienen un pimponeo de correos de parte de la DOH y las unidades técnicas respecto a darle una solución, esperan que se adjudique su licitación de conservación, pero no hay recursos disponibles, tienen que esperar un año más, va a llegar la época estival, con problema de captación, entonces ¿quién aborda esa problemática?”, remarcó el Consejero Cárcamo.

Señaló que en años anteriores el Consejo Regional conocía entre 12 y 16 proyectos, a diferencia del año 2023 que ese número se redujo a la mitad, por ello pidió un análisis sobre la labor de la Dirección de Obras Hidráulica para sacar recomendaciones sociales satisfactorias.

Se espera que la Mesa Única Nacional a fines de año tenga un primer borrador de las modificaciones, el que será entregado al MOP para generar propuesta de modificación a la Ley por parte del MOP. Luego pasará a la Comisión de Recursos Hídricos del parlamento en 2024 para iniciar su discusión, esperando que el Gobierno le de urgencia de tramitación y tener un proyecto de Ley a fines del próximo año.