Abandonados. Ese es el sentimiento de un grupo de trabajadores que fueron contratados por la Constructora San Felipe para la edificación de las obras complementarias del nuevo Hospital de Ancud. Esto luego que la empresa que realizaba los trabajos de los accesos al recinto de salud abandonara los trabajos.

En este contexto se conoció que a finales de la semana pasada el MOP decidió denegar la solicitud de la empresa para extender el plazo de entrega de la obra en 60 días, situación planteada en el Consejo Regional.

A LA DERIVA

Fue el vocero de los 12 trabajadores, Hernán Gómez, quien manifestó la preocupación de los obreros que se encuentran con la remuneración impaga del mes de agosto, además de deudas en cotizaciones previsionales. “Ahora, los señores abandonaron el trabajo por un desfalco que hubo del dueño (…) Como pararon las obras nuestros sueldos están impagos, del mes de agosto, nuestra remuneración, y algunos colegas que no les han pagado las imposiciones, como es mi caso. En total, son como 60 personas, nosotros somos como 12 trabajadores ancuditanos” expresó.

Agregó que “las obras están totalmente paradas, los jefes se fueron, están en la misma situación que nosotros. Los jefes de terreno, hasta el residente. Hemos sabido que han tenido reuniones con el MOP, pero ellos no se pronuncian con los pagos de nosotros. Estamos sin voz porque nadie levanta un dedo para presionarlos”, indicó el trabajador.

Gómez señaló que están muy preocupados ya que deben cubrir la alimentación para sus familias, además del pago de deudas contraídas con anterioridad.

“Casi todos tenemos deudas, las personas que son de afuera las enviaron a sus casas con el goce de sueldo del mes de septiembre, con un papel, y nosotros firmamos un libro con 4 colegas más, que también se perdió, lo llevaron toda la documentación para Santiago. O sea, prácticamente andan con la maldad. La oficina la cerraron”, expresó.

Respecto al estado de las obras que se estaban desarrollando, el vocero de los trabajadores señaló que las obras alcanzaron cerca del 40%, por lo que aún falta un porcentaje importante de los trabajos.

PROBLEMAS

Con todo, por el momento, el vocero señaló que están en contacto con la Inspección del trabajo, dejando una constancia que no han abandonado sus labores y es resorte de la empresa la situación que pasa hoy.

“Dijeron que iban a mandar a fiscalizar, pero no sabemos en qué tiempo vendrán para hacer esa fiscalización. En mi caso, uno se mueve en cualquier y trabajito para alimentarse o salir de algunas deudas, pero hay otros colegas que tienen niños, y la cosa se le pone bien crítica, bien complicada la situación en este momento”, señaló. Agregó que tampoco han recibido apoyo desde las autoridades locales para guiarlo sobre las acciones a seguir. “Ninguna autoridad, ni concejales ni nadie se ha acercado, por eso decidimos hacerlo público. Ahora no sabemos qué va a pasar con esto, si se va a ir en quiebra o le van a dar que terminen la pega. A nosotros nos conviene que terminen el trabajo”, cerró.

FUENTE: EL INSULAR

Luego que se hiciera público un registro donde se aprecia las malas condiciones en que se encuentran los servicios sanitarios de Urgencia en el Hospital de Ancud, el Director (S) Daniel Cabalín Iribarren, junto con lamentar los daños ocasionados por terceros, indicó que a fines de agosto se aprobaron nuevos recursos, los que serán invertidos para reparar los daños provocados.

No obstante, el directivo repudió el actuar inescrupuloso y lamentó que continuamente se deban invertir recursos para la reparación de estos servicios, debido al mal uso que algunos sujetos le dan. “Estamos arreglando los baños de manera periódica. Durante este año hemos sorprendido al menos a tres grupos de vándalos, los que Carabineros ha detenido, más otras denuncias sin detenidos hasta ahora. Incluso este año intentaron quemar los baños, afortunadamente uno de los guardias encontró a tiempo el fuego y pudo apagarlo”.

En efecto, sostuvo que cuando se producen destrozos al mobiliario público, siempre se efectúan las denuncias a los organismos de justicia. Sólo en lo que va de este 2023, se han obtenido dos sanciones contra igual número de personas, a quienes los tribunales de Ancud han ordenado pagar los daños cometidos en los baños del Servicio de Urgencia del Hospital de Ancud.

“De las denuncias que hemos hecho, dos han sido ratificadas por el tribunal haciendo cancelar las reparaciones a las personas que nos han destruido estos bienes. Estamos ad portas de recibir un nuevo hospital y estamos esperando que la comunidad nos ayude a evitar que estos bienes públicos se sigan destruyendo, instando a denunciar a quienes vean ocasionando daños”, expresó el Director (S) del Hospital.

LLAMADO A COMUNIDAD

En tanto, la presidenta del Consejo Consultivo del Hospital de Ancud, Adriana Gallardo, lamentó lo que sucede con los servicios higiénicos: “Las personas que hacen esto no lo hacen con una conciencia clara del daño que provocan y, por consiguiente, todos los gastos que esto demanda. Lamento que estén haciendo este enorme daño, no saben lo que provocan, hay personas que van de paso y hay quienes necesitan un baño cerca y es muy complicado no tenerlo. Decirle a la comunidad que estén alerta y ante cualquier situación se acerquen a alguien y lo digan, llamar a Carabineros o a quien corresponda. Es sumamente importante que todos colaboremos”, puntualizó la dirigente social.

Finalmente, el Director (S) del Hospital comentó que se hará un catastro general de todos los recursos que este año se han desembolsado para restaurar los servicios públicos de esta importante Unidad del recinto hospitalario. “Dineros que se podrían invertir en mejorar otros aspectos de la salud pública que se otorga a nuestros usuarios”, sentenció.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro condenó hoy –sábado 2 de septiembre– a L.A.A.C. y A.R.B.B. a las penas de 818 y 300 días de presidio, respectivamente, como autores del delito consumado de malversación por distracción de caudales públicos. Ilícito perpetrado en diciembre de 2016, en la comuna de Ancud.

En fallo unánime (causa RIT 34-2023), el tribunal –integrado por los jueces Angélica Monsalve Vásquez (presidenta), Loreto Yáñez Sepúlveda (redactora) y Leandro Bahamonde Hernández– condenó, además, a L.A.A.C. al pago de una multa a beneficio fiscal equivalente al 5% del monto malversado, correspondiente a la suma de $1.431.603; a la pena de 2 años y un día de suspensión de cargo y oficio público y profesión titular; y a la accesoria legal de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Asimismo, el tribunal condenó, además, a A.R.B.B. al pago de una multa de del 1% del monto malversado, correspondiente a la suma de $156.620; a la pena de un año y un día de suspensión de cargo y oficio público y profesión titular; y a la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. A ambos condenados se les otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena.

“Si la pena sustitutiva impuesta les fuese revocada o quebrantada, los sentenciados deberán cumplir íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta, sin abonos, por no haber estado privados de libertad por esta causa; o en su caso, se la reemplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas”, indica.

El tribunal, a su vez, rechazó en todas sus partes la demanda civil de indemnización de perjuicios interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado.