Diversos son las voces del mundo marítimo que advierten las consecuencias que tendría para el sector el proyecto de ley de Cabotaje Marítimo que se discute en el Congreso y que fue despachado a segundo trámite al Senado.

Una de ellas es la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur) que reúne a más de 30 empresas del rubro marítimo portuario, desde donde se insiste en que la norma tendrá efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico, y con especiales consecuencias en la zona sur-austral.

CRITICAS

En este contexto, fue el presidente de Armasur, Héctor Henríquez Negrón quien recordó que los proyectos que buscan apertura de cabotaje se arrastran desde el 2011 y la actual iniciativa de ley viene del gobierno de Sebastián Piñera. Inicialmente el proyecto buscaba abrir totalmente el cabotaje en el territorio nacional, permitiendo que cualquier buque de bandera extrajera pueda trasladarse a cualquier punto y puerto del país. “Desde ese entonces hicimos ver que ese proyecto atentaba contra varias cosas en aspectos laborales, estratégicos, de defensa y a raíz de eso, y lo que señalaron los demás gremios, el actual gobierno lo que hace es hacer indicaciones al proyecto, y la principal es que el cabotaje debe hacerse por naves chilenas, las reserva debe quedarse para los chileno, pero inmediatamente también hace 2 o 3 indicaciones a la Ley de Fomento y Navegación, donde a través de excepciones, algunas contempladas en la ley, lo que hace es decir que los extranjeros bajo ciertas condiciones van a poder hacer cabotaje igual” expresó.

Entre las excepciones creadas está la llamada “Ruta de salida”, que permite a las naves de comercio exterior que provengan del extranjero y descarguen carga en un puerto nacional, realizar cabotaje exclusivamente en su ruta de salida. Además, el “Waiver anual”: corresponde a un permiso anual para que realicen cabotaje cuando no existan servicios de línea regulares prestados por navieras chilenas.

“Lo que hemos dicho es que esas indicaciones están dentro de la Ley de Fomento a la Marina Mercante donde se debe discutir la competencia y competitividad de mover carga, nosotros estamos de acuerdo que ahí se produzcan las discusiones que van generando cuales son los límites con que se hace cabotaje en Chile, bajo aspectos exclusivamente comerciales y económicos. Pero mantiene una sola cosa que siempre hemos criticado a las modificaciones a la ley de fomento, que es que permite, restringido, más o menos, pero permite que en un mismo territorio se permita competir con legislaciones y normativas distintas dentro de una misma industria”, expresó.

Esto referido a la dualidad que permitiría la ley, rompiendo con la igualdad de condiciones, permitiendo que las naves trabajen en territorio nacional con normativas de otros países. Además, agrega, que con el objetivo de generar competencia hace modificaciones a Ley de Navegación, normativa que no reponte, a su juicio, a esos intereses.

“Acá la tratan de modificar para mejorar ciertos aspectos económicos y de competencia que tendría el país producto de la Ley de Navegación, lo que es un tremendo error estratégico. La Ley de Navegación está para cautelar ciertos temas estratégicos del país, así la tienen más del 80% de los países que tienen acceso al mar. La Ley de Navegación no da cuenta de intereses comerciales y económicos, para esto está la Ley de Fomento, la Ley de Navegación protege el cabotaje bajo cuatro pilares. Uno, dotación chilena; dos, amadores, propietarios o capitanes chilenos; tres, autoridad fiscalizadora que regula la autoridad chilena; y cuatro, la normativa que aplica es chilena. Este proyecto de ley lo que hace, al decir que la propiedad mayoritariamente pueda ser una naviera extranjera, rompe el criterio. También, se rompe el principio de la entidad fiscalizadora, porque aquí la Autoridad Marítimo o la Dirección del Trabajo y el tercero es la normativa que debe regular es nacional, esta ley la viene a romper porque la normativa sería la de la bandera”, agregó.

EFECTOS

El presidente de Armasur, agregó que junto con lo anterior hay un efecto sobre la integración territorial que afecta a nuestra zona, entendiendo que se hace a través del mar. Agregó que es por ello que insisten en abrir el diálogo para poner estos puntos en la discusión.

“Si uno hace un análisis económico, comercial, del sur austral con la legislación que tenemos hoy en día, no la que se está pensando modificar, el desarrollo que ha tenido la actividad marítima en el sur austral ha sido impresionante. En naves mayores el año 1990 teníamos 30, ahora tenemos más 300 producto del crecimiento en la conectividad, mitilicultura, salmonicultura, entre otras. Pero no solo en naves, en puerto, en astilleros ha sido extraordinario, y así lo reconoce la misma autoridad. Pero, además, ha permitido que más de 600 naves menores estén participando de la actividad marítima, de pequeños y microempresarios navieros que se han convertido de la pesca artesanal, entonces ha desarrollado en forma importante y ha dado para todos”, apuntó.

Finalmente, Héctor Henríquez señaló que como gremio seguirán liderando las conversaciones, ahora en el Senado. “Esperamos encontrar en el Senado, sobre todo los senadores de la región y de las regiones más extremas, una capacidad de análisis en su contexto más amplio, que solo comercial y económico. Estamos convencidos que así será, estamos convencidos que tendrán la altura de dimensionarlo en su contexto integral. Ese es un trabajo que tenemos que hacer como gremios y eso es lo que estamos haciendo”, cerró.

La mitad de las casi 1,9 millones de personas que solicitó los préstamos solidarios de 2020 y 2021, dispuestos por el Estado para cubrir la caída de rentas o ingresos de trabajadores dependientes e independientes y empresarios individuales durante la pandemia del Covid-19, no ha pagado ninguna cuota.

Según información del Servicio de Impuestos Internos, 1.856.757 RUT únicos accedieron a la ayuda, y el monto totalizó 2.032.162 millones de pesos, publica hoy La Tercera.

Desagregada la cifra, 557.616 personas pidieron ambos préstamos, En tanto, 750.498 obtuvieron solo el de 2020 y 548.643 el de 2021.

Por el préstamo del de 2020, la cuota inicial debió pagarse en 2022 y la segunda, este año. Por la ayuda del 2021, recién este 2023 correspondía el primer abono, en ambos casos con la opción de que el contribuyente pudiese pagar anticipadamente.

De acuerdo con el balance del SII, 909.825 RUT únicos, el 49% del total, registran algún pago, por 273.243 millones de pesos en total; pero 946.932 beneficiarios (el 51%) no han efectuado ninguno.

Las leyes de cada préstamo establecieron que cada cuota no podía superar el 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual del contribuyente. En caso de que, por la aplicación de ese tope, al cuarto existiera aún un saldo por devolver, éste será condonado.

A dos semanas del plebiscito, los comandos del A Favor y el En Contra comienzan a reforzar sus campañas para el sufragio del 17 de diciembre con el fin de informar adecuadamente a la población sobre las ventajas y desventajas de la propuesta de Constitución.

Por una parte, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), participó de una actividad junto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y vecinos de dicha comuna, en la que dio cuenta del repunte de la opción A Favor en las encuestas.

En ello, Hevia apuntó que «con el paso de las semanas y con la posibilidad que ha tenido la ciudadanía de informarse, hemos visto cómo el texto va ganando adhesión. Yo soy una convencida que el que la lee se informe, le gusta y por tanto vota A Favor».

EN CONTRA PONE FOCO EN DESVENTAJAS DEL TEXTO

Por otro lado, desde el comando del En Contra señalaron que en las últimas semanas se enfocarán en informar las desventajas del texto y no en una campaña polarizante.

En ese sentido, la excomisionada experta y vocera del comando, Antonia Rivas (CS), destacó que «si se dan cuenta, nosotros no hemos cambiado la estrategia de campaña, hemos seguido una sola línea y es explicar que este texto tiene letra chica».

En esa línea, enfatizó que «el A Favor va como en un cuarto cambio de campaña y la verdad es que avanzando hacia la polarización. Y lo más importante, nos quieren hacer creer que este es un plebiscito contra el Gobierno, eso van a instalar».

«Le digo a todos los chilenos que lo que se vota el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos con sus amigos de Chile Vamos. El 17 de diciembre se vota la mala propuesta, la propuesta que divide y nada más», aseveró.

Por otro lado, el crecimiento del «Que se jodan» del A Favor remeció la campaña y por lo mismo, el En Contra respondió este domingo propuesta audiovisual donde se preguntan: «¿Quién se jode con la propuesta constitucional?».