Nacional
Fiscal Nacional: “Debemos tener un órgano que nos permita escuchar a la ciudadanía”
Con la presentación del fiscal nacional, Ángel Valencia, la Subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos comenzó el debate del capítulo IX relativo al Ministerio Público.
En la presentación, el persecutor abordó las enmiendas presentadas para discusión y votación en particular a las normas ya aprobadas en general, destacando el análisis y alcance que se propone con la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad y una Fiscalía de Asuntos Internos, entre otras materias ingresadas a dicho apartado.
Valencia destacó los aspectos existentes que se mantienen en la nueva propuesta de texto constitucional, rescatando lo que está vigente y funciona, “donde no era conveniente innovar”, expresó.
Fiscalía Asuntos Internos
Respecto a la creación de una Fiscalía de Asuntos Internos, expuso los procedimientos que actualmente se encuentran establecidos para dichas materias. La creación de una fiscalía de este tipo “podría causar problemas en la propia persecución de asuntos internos. Podría debilitar normas internas y debilitar investigaciones en curso”, aseguró.
Pero, el fiscal nacional indicó que valora la propuesta como una forma de avanzar en materias de transparencia y control interno. “Compartimos la importancia de crear una institucionalidad para los asuntos internos del Ministerio Público”.
“La ley permite que el fiscal nacional asigne a un fiscal regional para la investigación interna. Creemos que la Fiscalía Supraterritorial debería asumir las investigaciones de este tipo”, manifestó Valencia.
Además, el fiscal nacional detalló que esta nueva Fiscalía de Asuntos Internos concentraría la investigación en una sola persona, no habría contrapesos en la investigación, con una falta de relación jerárquica. “Sería mejor diluir (no personalizar) en una Fiscalía Supraterritorial, teniendo como objetivo despersonalizar la investigación”, dijo.
“Me preocupa que tenga un nombramiento diferente. Sería un Estado dentro de un Estado. Sería preferible diluir (la acción interna) e incorporarla dentro de otra fiscalía”, enfatizó Valencia.
Frente al tema, el comisionado Hernán Larraín señaló que con la Fiscalía de Asuntos Internos “lo que se busca es sustraerla del funcionamiento ordinario del Ministerio Público; que no esté contaminada con el funcionamiento normal del organismo y puedan actuar en la persecución de los delitos, sin perder su objetivo central”.
En cuanto al nombramiento -del Fiscal de Asuntos Internos-, se propone en la iniciativa la participación de la Corte Suprema. Al respecto, la comisionada Paz Anastasiadis indicó que se busca que “para ciertas materias que deban ser investigadas en forma especial, que exista algo de nivel nacional, pero con trabajo territorial, sin ser un desequilibrio frente al fiscal nacional”.
Anastasiadis aseguró que el Fiscal de Asuntos Internos debe tener una nominación distinta al resto (de los fiscales), no participando de la orgánica de la Fiscalía, por lo que se propone su nombramiento mediante la Corte Suprema.
Consejo Consultivo
“Compartimos la creación de un Consejo Consultivo (ciudadanía y sociedad civil), pero no para asuntos internos de la Fiscalía”. Valencia indicó que “escuchar antes -a este nuevo consejo-, nos parece que podría entorpecer la investigación y debilitar la posición del Ministerio Público”. Además, expuso que se podría introducir en las acciones propias del Ministerio Público, lo cual podría convertirse en “una etapa que no aporta y enlentece”.
En cuanto a la integración del Consejo Consultivo, Valencia señaló que “se deberían establecer -en la Constitución- criterios generales para su integración y dejar a la ley la determinación de funciones e integrantes (académicos, agrupaciones de víctimas, representantes municipios y organizaciones de la sociedad civil)”.
De igual forma, aseguró que una de las debilidades que hoy presenta el Ministerio Público es el arraigo con la ciudadanía. “Debemos tener un órgano que nos permita escuchar a la ciudadanía. Más que debilidades técnicas, debería resolver mecanismos obligatorios para escuchar a la ciudadanía”.
Fiscalía de Alta Complejidad
Respeto a la creación de una nueva Fiscalía de Alta Complejidad (con carácter supraterritorial), Valencia manifestó que resulta de gran importancia poder determinar su accionar y las materias que serán definidas como de “alta complejidad, más allá de la forma que sea definida, teniendo en consideración la estructura y límites geográficos”.
En la sesión, además, se abordó el alcance de la palabra Alta Complejidad o Supraterritorial, lo anterior bajo un organismo que se propone establecer con rango constitucional.
Nacional
Servel solicita bono extraordinario para vocales
El Consejo Directivo del Servicio Electoral ha solicitado al Ejecutivo que estudie la posibilidad de presentar un proyecto de ley urgente que otorgue un bono extraordinario adicional de 1 UF (cerca de $38.000) a los vocales de mesa, así como a los delegados de las juntas electorales y sus asistentes, que ejercieron su labor durante los días 26 y 27 de octubre, y que también concurran a ejercer igual labor para la segunda votación de Gobernadores Regionales del domingo 24 de noviembre (en las regiones que les corresponda).
Cabe destacar que quienes fueron vocales de mesa el 26 y 27 de octubre cuentan con un bono de 2/3 de UF diarios, lo que implica que por ambos días recibirán por parte de la Tesorería General de la República (TGR) la suma total de $50.000. En tanto, el bono por su labor el día domingo 24 de noviembre, con ocasión de la segunda votación de Gobernadores Regionales, es también de 2/3 de UF, es decir otros $25.290. A ello se sumaría el bono cuyo análisis Servel propone al Ejecutivo.
La solicitud de Servel se ha generado a través de cartas enviadas el día de hoy a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.
Nacional
Dirección del Trabajo cursó multas por más de 200 millones durante las elecciones
La Dirección del Trabajo (DT) informó que aplicó un total de 41 multas por 233 millones de pesos, en el marco de la fiscalización del derecho de sufragio en las elecciones regionales y municipales de este fin de semana.
A nivel nacional, la DT efectuó 126 fiscalizaciones en respuesta a denuncias hechas a su canal de atención telefónica. En detalle, se registraron 13 en Valparaíso y 10 en la zona Metropolitana Oriente, siendo zonas con mayor número de sanciones.
En cuanto al no cumplimiento del derecho de trabajadores para ejercer sus derechos y deberes cívicos, cuatro de esas multas fueron por no otorgar el permiso mínimo de tres horas para sufragar o excusarse, lo que constituye una multa entre 3 y 60 UTM (entre 199 mil y 3,9 millones de pesos), dependiendo del tamaño de la empresa.
En tanto, no hubo multas por no permitir cumplir con las labores de vocales de mesa.
Junto con esas sanciones, la DT también suspendió los turnos y envió a sus domicilios a 314 trabajadores que estaban prestando servicios en complejos comerciales administrados por una única razón social o personalidad jurídica y que debían permanecer cerrados.
Nacional
Cesantía bajó a 8,7% en el trimestre julio-septiembre
La tasa de desocupación nacional fue 8,7% en el trimestre julio-septiembre de 2024, según la Encuesta Nacional de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Se mantiene la tendencia de los últimos meses de una nueva caída, la séptima consecutiva, en la tasa de desocupación, que tuvo una disminución de 0,2% en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (2,2%) fue menor a la presentada por las personas ocupadas (2,4%).
Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 0,3%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (4,2%).
En tanto, en la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre julio-septiembre de 2024, alcanzó un 9,1%, con un descenso de 0,5 puntos porcentuales en doce meses.
En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,0%, incidida, según sector económico, por enseñanza (9,4%), comercio (3,3%) e información y comunicaciones (13,5%).
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