Por la gravedad de los delitos, en especial por infringir la Ley de Control de Armas, un sujeto quedó en prisión preventiva tras un operativo gestado en Quellón que permitió sorprenderlo con drogas en su poder y municiones de distinto calibre. Una cautelar que fue apelada por la defensa, recurso que hoy se analiza en el tribunal de alzada.

En el marco de una fiscalización vehicular preventiva, personal de la Sexta Comisaría de Carabineros del sur de la Isla detuvo al imputado de iniciales P.J.F.O. (30). En la intersección de la calle Doctor Ahues y avenida La Paz se concentró el dispositivo.

Así lo detalló el mayor Gonzalo Morales, jefe de la unidad base, reportando que los funcionarios “al momento de entrevistar al conductor, este señala de forma voluntaria mantener en su poder 40 dosis de clonazepam y $300.550 en dinero en efectivo producto de la venta de sustancias prohibidas, siendo entregadas a los efectivos policiales que proceden a su aprehensión”.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público que ordena una serie de diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) local. “Se instruye la entrada y registro voluntario del inmueble del detenido -camino a Chaiguao-, dispositivo en que se incautan otras especies”, aclaró el oficial.

En dicho operativo se encontró en el domicilio un cartucho calibre 12 milímetros, una munición de 9 mm y 2 cartuchos .38 de fogueo, como también se sacó de circulación 28,7 gramos de cocaína y 10,7 de cannabis sativa.

Ante el peso de la evidencia, el originario de Talcahuano (Región del Biobío) fue puesto a disposición del Juzgado Mixto de Quellón, donde se acreditó la legalidad de su detención y, además, el fiscal (s) Felipe Rodríguez lo formalizó por microtráfico y tenencia ilegal de municiones.

Remarcando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por existir riesgo de fuga, el persecutor invocó la prisión preventiva contra el chorero, la cual fue acogida por la magistrada Claudia Villa.

La medida fue cuestionada por la defensora Sabina Mansilla, quien recurrió de apelación ante el tribunal de alzada calificando la medida como desproporcionada.

Como expuso la abogada en su requerimiento, los antecedentes del caso son insuficientes para acreditar la existencia de los delitos y la participación de su representado. “Las pastillas de clonazepam las utilizaba para el tratamiento que lleva en el Cesfam de Quellón por el consumo abusivo de drogas, no estaban destinadas a distribuirlas a terceras personas. Y debido a una recaída en este proceso, las sustancias que tenía en su domicilio estaban destinadas a su consumo propio y próximo en el tiempo”, informó.
En cuanto a las municiones, la profesional detalló en su acción legal que “no existe en la carpeta investigativa peritaje balístico para determinar si estaban aptas para percutir”, agregando que tampoco se encontró un arma de fuego en el domicilio del encartado.

Por la necesidad de cautela, Mansilla agregó que el joven ha colaborado sustancialmente con la investigación, señalando espontáneamente que tenía los fármacos, además entregó voluntariamente las claves de su teléfono y las llaves de su casa para facilitar el allanamiento. “Estas actitudes permiten presumir que no existe peligro de fuga y tampoco que su libertad signifique un impedimento en el éxito de la investigación”, expresó.

Bajo este escenario y junto con expresar que el encausado tiene arraigo familiar, social y laboral, la defensora pidió mutar la precautoria más gravosa por el arresto domiciliario total o parcial. Un requerimiento que este jueves analizará la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para modificar o mantener la reclusión que el imputado cumple en la cárcel de Castro.

Fuente:Soychile.cl

En lo que constituye un avance para la puesta en marcha del nuevo Hospital de Quellón, el proyecto recibió la resolución de autorización sanitaria para el funcionamiento del Policlínico de Especialidades y Toma de Muestras, tras una visita técnica realizada por profesionales de la Seremi de Salud de Los Lagos.

Este hito representa un paso fundamental en el proceso de apertura parcializada del nuevo establecimiento de salud, ya que permitirá dar inicio a las atenciones de especialidad para usuarios de la comuna.

Al respecto, la directora del Servicio de Salud Chiloé, Marcela Cárcamo, destacó la obtención de la autorización sanitaria para el policlínico. “Hemos recibido la autorización sanitaria para el funcionamiento del consultorio de especialidades del Hospital de Quellón. Estamos muy contentos con este avance. Seguimos realizando trabajos menores en el establecimiento, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de que hacia fin de año podamos abrir el hospital en su totalidad”, advirtió la profesional.

Por su parte, el director del Hospital de Quellón, Francisco Camilo, valoró el trabajo conjunto realizado para lograr esta aprobación. “Estamos muy contentos porque el trabajo estructurado y profesional que hemos desarrollado con el servicio de salud ha dado su primer gran fruto. Esta autorización sanitaria nos permite avanzar en nuestro plan para poner este edificio a disposición de la comunidad, que es lo más importante para nosotros”, esgrimió el facultativo.

La obtención de esta autorización es un hito necesario para las atenciones de salud, que valida las condiciones técnicas asegurando que policlínico de especialidades del nuevo establecimiento cumple con todas las normas técnicas básicas para brindar atención segura y de calidad a los usuarios de la comuna.

Fuente: Soychile.cl

Pese a declararse ayer ilegal la detención de un menor de edad acusado de vender drogas frente a su liceo en Quellón, igual se decretó en su contra la cautelar más gravosa bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA). Al ser formalizado por microtráfico y agruparse esta causa a otras vigentes, se estimó que su libertad es peligrosa para la sociedad y quedó con internación provisoria.

Tras una denuncia anónima, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Sexta Comisaría de Carabineros local logró la captura del estudiante de 14 años, a quien le incautaron 15 bolsas de plástico contenedoras de 6,7 gramos de cannabis sativa, otros 3,6 de clorhidrato de cocaína y 2,4 de tusi.

Como explicó el jefe de la unidad base, el mayor Gonzalo Morales, en el llamado “se indicaba que al exterior de un establecimiento educacional (Liceo Rayen Mapu) se encontraba un joven vendiendo droga. Al concurrir al lugar y conforme a las características descritas se fiscalizó al menor y procedió a su detención”. Un control de identidad investigativo que se concretó a metros del supuesto sitio del suceso.

Los antecedentes del caso fueron expuestos este miércoles ante el Juzgado Mixto de Quellón, donde se controló la aprehensión del adolescente. Justamente, esta dinámica relativa al dispositivo policial fue el centro de la discusión.

De acuerdo al defensor, Daniel Fuenzalida, los cuestionamientos emergen de la “denuncia anónima de la cual no teníamos mayores antecedentes. Se sindicaba a una persona con ciertas vestimentas y características que vendía drogas cerca del liceo, Carabineros llega y no lo encuentra ahí, luego lo ubica en otra parte, lo fiscaliza y halla las sustancias”.
Bajo estos datos, el jurista advirtió que en instancias judiciales ha quedado establecido que “al recibir estas denuncias anónimas y cuando llega la policía al lugar, se debe observar si se comete un delito de la especie denunciada y esto no se observó en este caso. Por eso, no procede la fiscalización y registro de vestimentas”.

Las alegaciones fueron acogidas por la magistrada Claudia Villa, quien decretó la ilegalidad de la detención del liceano, lo cual invalidaría toda la prueba recabada desde esas actuaciones viciadas. Asimismo, en la audiencia el fiscal (s) Felipe Rodríguez formalizó al encartado por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, vertiendo los antecedentes recabados de la indagatoria desjudicializada, apuntando que tras el denuncio “se pudo constatar en un control de identidad que el adolescente portaba sustancias ilícitas, dinero y otras especies”.

El persecutor invocó la precautoria más intensiva, enfatizando que “la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, en virtud de la multiplicidad de delitos que ha cometido”. Para sustentar la petición, invocó la agrupación de causas que tenía vigente el estudiante. A esta reciente infracción a la Ley 20.000 sumó un caso de porte y tenencia de arma de fuego y municiones, como también otra por robo por sorpresa.

La medida fue discutida por la defensa, en base a las conclusiones jurídicas que se dictaron al comienzo de la misma audiencia.
“Me opuse a la internación provisoria, primero porque el Ministerio Público indicaba que el menor estaba incumpliendo una cautelar impuesta por otra causa, lo cual no era efectivo puesto que estaba con arresto domiciliario nocturno y no total. Además, se buscó agravar la cautelar con esta nueva causa, en la cual se decretó la ilegalidad, por lo cual no se puede considerar para intensificar la medida”, dijo Fuenzalida.

A pesar de estas alegaciones, la sentenciadora acogió la petición fiscal y determinó el traslado del menor al Centro de Reinserción Social Juvenil de Puerto Montt.

Finalmente, desde el sostenedor del liceo al cual pertenecería el imputado, se informó que “como Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Chiloé, reiteramos que, respecto al menor involucrado en un procedimiento policial, no tenemos la certeza que pertenezca a una de nuestras unidades educativas. En caso que la investigación arroje o determine la identidad de un integrante de nuestra comunidad educativa, procederemos a aplicar el protocolo correspondiente”.

Fuente: Soychile.cl