Este miércoles se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.735 que reforma el sistema previsional y crea un Seguro Social. La norma fue promulgada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric, luego de ser aprobada por el Congreso Nacional en enero de este año. Además, fue revisada por el Tribunal Constitucional, sentenciando el apego a la Carta Magna, y tomada de razón por la Contraloría General de la República.

Con la publicación de la ley, comienzan a correr los plazos que dicta la misma para la implementación de los beneficios y sus diferentes medidas.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que “con este paso se da inicio a la implementación de los beneficios de la reforma previsional que, con acuerdo entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y parte mayoritaria de la oposición, hemos logrado aprobar en el Congreso”.

“Es un importante hito para todas las pensionadas y pensionados del país, que verán por fin mejorar sus pensiones por la creación del Seguro Social y la nueva regulación a la industria, que beneficiará a las personas al elevar la competencia y mejorar la rentabilidad de los ahorros”, agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Ricardo Ebner, explicó que “a reforma establece una nueva cotización del empleador, de 7% de la renta imponible, que se sumará al aporte ya existente de 1,5% para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Así, el total de 8,5% se distribuirá entre ahorro individual (4,5%) y Seguro Social (4%). También, aumenta la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000 en forma gradual; crea el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP); y modifica el sistema de multifondos por la inversión en fondos multigeneracionales, entre otros”.

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, indicó que la entidad está trabajando “en la implementación de la reforma a las pensiones, coordinando a los distintos organismos públicos involucrados. Este es un esfuerzo que requiere rigurosidad técnica y trabajo conjunto con instituciones como la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Tesorería General de la República (TGR) y el Ministerio de Hacienda”.

“Cada una de estas instituciones tiene un rol fundamental en la operatividad del nuevo sistema: desde la regulación normativa hasta la recaudación y el pago de los beneficios. El desafío que enfrentamos es asegurar que todo esté funcionando de forma articulada para que las personas reciban oportunamente sus beneficios”, añadió.

Hitos de la implementación

El primer hito de implementación de la reforma previsional es la entrada en vigencia de la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía, en mayo de 2025. Este instrumento, que actualmente paga cotizaciones en períodos de desempleo a quienes hagan uso del Seguro de Cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, se extenderá a quienes lo hagan con cargo a sus cuentas individuales de cesantía.

En tanto, el aumento de la nueva cotización del 7% del empleador comenzará de manera gradual con el 1% de la renta imponible, en agosto próximo. Esta alza se completará en un periodo de 9 años, con la posibilidad de extenderse a 11 años, en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones que el Consejo Fiscal Autónomo realizó durante la tramitación legislativa.

En septiembre de este año, comenzará el pago del nuevo monto de $250.000 de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al primer grupo de beneficiarios, que serán los pensionados de 82 años o más. Este proceso continuará en septiembre de 2026, cuando el nuevo monto reajustado llegará a pensionados de 75 años o más. En septiembre de 2027 recibirán el nuevo monto, con los reajustes respectivos, los pensionados de 65 años o más.

En cada fecha mencionada, por otra parte, se incorporarán a la PGU quienes reciben prestaciones de las leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados) de los mismos cortes etarios.

En enero de 2026 se pagarán, por primera vez, las prestaciones del Seguro Social, que son el Beneficio por Años Cotizados, de 0,1 UF por cada año contribuido, con un tope de 25 años, y la Compensación a Mujeres por Mayores Expectativas de Vida, cuyo monto mínimo es de 0,25 UF ($10.000, aproximadamente).

La primera licitación del stock de afiliados, medida que beneficiará a los afiliados al elevar la competencia entre las AFP y reducir sus costos de administración, tendrá lugar en agosto de 2027. En este proceso, que se realizará cada dos años, se licitará de forma aleatoria al 10% de los trabajadores que a la fecha correspondiente ya se encuentren afiliados. Este grupo será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años para todos sus afiliados. Las personas que son parte de la licitación podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento. Los nuevos afiliados, por su parte, ingresarán automáticamente a la AFP con la menor comisión.

El proceso de implementación de la reforma, a cargo de los ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, se ha estructurado en pilares estratégicos enfocados en garantizar la correcta ejecución de las medidas que mejorarán las pensiones de chilenas y chilenos, tal como Recaudación y operaciones; Normativa y regulación; Fortalecimiento institucional y Capacitación.

Además, la implementación conllevará diversos procesos en otras áreas. Por ejemplo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) coordinará los ajustes financieros para respaldar la transición hacia el nuevo sistema previsional; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindará apoyo técnico para modernizar los sistemas de información y fortalecer la capacitación del personal que ejecutará la reforma. Junto con ello, se fortalecerán los equipos de atención ciudadana, para dar una respuesta eficiente y clara a las consultas, además, de capacitación a funcionarios en todo el país para asegurar una correcta implementación y difusión de la reforma.