El 18 de octubre de 2019, Chile vivió una caótica jornada que marcó la agenda política durante los meses y años posteriores al dar inicio al denominado «estallido social», proceso polarizador marcado por las protestas sociales -algunas pacíficas, otras francamente violentas-, y un cuestionado control policial y militar sobre el orden público que derivó en una crisis de violaciones a los derechos humanos.

A cinco años del «18-0», el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó un balance de las causas judiciales impulsadas en contra de funcionarios policiales y militares entre octubre de 2019 y marzo de 2020, e indicó que se ingresaron 3.233 querellas por un total de 3.828 víctimas entre ellas 237 personas que sufrieron trauma ocular y siete fallecidos.

De todas las causas, hasta julio de 2024 solamente se registran 42 sentencias acusatorias ejecutoriadas, por lo que la directora regional metropolitana del INDH, Beatriz Contreras, acusa un panorama más bien de «impunidad».

«Esta situación es del todo preocupante, porque se repite en el resto del país. Por ejemplo, en la Región Metropolitana, de las 1.383 querellas ingresadas, contamos hasta la fecha con 11 sentencias condenatorias. ¿De qué nos da cuenta esta situación, y qué es lo que genera preocupación para el INDH? Es que estamos en una situación de impunidad«, manifestó Contreras.

Desde el INDH también criticaron el hecho de que, hasta la fecha, no existen iniciativas legislativas -en el Congreso- que apunten a una reparación integral de las víctimas del «18-O», acorde a estándares internacionales.

La senadora Fabiola Campillai, víctima de un disparo de carabina lanzagases por parte de Carabineros, que le provocó pérdida total de visión, convocó hoy a una mesa por «la vida digna», que tendría como primer objetivo la elaboración de un proyecto de ley de reparación para víctimas de violencia estatal.

REFLEXIONES DEL MUNDO POLÍTICO

Desde el mundo político también reflexionan sobre este nuevo aniversario sobre en este nuevo aniversario del estallido social. Desde el oficialismo y la oposición plantearon hojas de ruta para conseguir avances y lograr acuerdos, pero sin violencia.

Durante esta semana, un grupo de figuras de todo el espectro político firmó una declaración conjunta, en la que se rechaza el uso de violencia como mecanismo para generar cambios, y se compromte el respeto el Estado de Derecho en la búsqueda de convivencia social pacífica y acuerdos, y también el impulso a cambios sociales y crecimiento económico.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), adherente de la mencionada declaración conjunta, manifestó este viernes que «las demandas que originaron (el «18-O») siguen estando presentes, (pero) no hemos avanzado un ápice. Con todo, en ningún caso, nunca se validará la violencia como herramienta política».

Desde Chile Vamos, en tanto, durante esta jornada se reunieron los timoneles de los respectivos partidos, además de los candidatos para las elecciones municipales del 26 y 27 de octubre, instancia en que criticaron los niveles de violencia de la también llamada «revuelta».

«No voy a desconocer la existencia de malestar, porque sé que existió y existe impotencia, frustración y sensación de injusticia en amplios sectores de la población. Pero, con la misma claridad, quiero decir que el estallido no resolvió ninguno de esos problemas», expresó el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI.