El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, comunicó este jueves su renuncia al Gobierno, menos de tres horas después de conocerse la existencia de una denuncia en su contra por una presunta agresión sexual.

El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, confirmó más temprano que la investigación está a su cargo y que ya tiene en marcha sus primeras diligencias.

Según ha trascendido, la denuncia contra el exdiputado socialista -que estaba en el Gobierno de Gabriel Boric desde su inicio, el 11 de marzo de 2022- fue presentada por una asesora de la Subsecretaría del Interior, de 32 años de edad.

En un punto de prensa, Monsalve confirmó esta tarde la renuncia a su puesto como subsecretario, dando cuenta que debe «garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del Gobierno«.

«Creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo«, analizó el ahora exsubsecretario, quien también reveló que «no conoce» los detalles de la denuncia que lo afecta.

«Quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia«, puntualizó Monsalve.

Para lograr esto, dijo que debe dedicarse «a esa tarea por el efecto personal y familiar que una denuncia de esta naturaleza tiene. Cualquier otro aspecto respecto a esta materia, en situación de que a partir de ahora dejo de ser subsecretario del Interior, por supuesto hablaré fuera de La Moneda».

El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, confirmó en Cooperativa que el Gobierno calcula pagar entre 4,5 y 5 millones de pesos a cada uno de los 58 mil docentes afectados por la deuda histórica, como se conoce al perjuicio salarial que sufrieron los trabajadores de la educación pública en dictadura.

Tras reunirse este martes con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el dirigente destacó en Una Nueva Mañana que «por primera vez un Gobierno, de manera formal, hace una propuesta de reparación de la deuda histórica. Todavía está incompleta, porque le faltan elementos, pero ya pone una cifra sobre la mesa, y en los 43 años desde que se origina esta deuda, eso no había ocurrido nunca».

El principal aspecto que aún no está definido son los plazos de pago, «porque el Gobierno ya nos había dicho en anteriores reuniones que la propuesta iba a ser para el 100% de los profesores afectados, pero no todos de una vez, sino que iba a haber un flujo: una cantidad en un año, otra cantidad en otro, hasta completar. La periodicidad de estos pagos y los grupos a los que se les iría pagando es lo que no está todavía completo».

Dicho esto, el docente apuntó que se dice que los dineros adeudados por el Estado van «de 30 millones hacia arriba»; sin embargo, «habiendo fallos en tribunales (que indicaban que) la deuda ya estaba prescrita, esto pasó a ser una deuda más moral que legal, y como ocurre con toda reparación, nunca son 100% justas, eso lo tenemos asumido».

«Las reparaciones abarcan una parte del daño producido, y nuestros colegas tienen que evaluar si esto es aceptable o no«, cerró.

En el marco del “Mes Nacional de la Ciberseguridad”, la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec) alertó, que durante la primera mitad de 2024, los ciberataques crecieron un 30% en nuestro país e hizo un llamado al Gobierno a generar apoyos más concretos a las Pymes en esta materia, como es la creación de fondos específicos para concientización.

Según explicó Myriam Pérez, líder de la Mesa de Ciberseguridad de la asociación gremial “los ciberataques crecieron durante el primer semestre en el país, afectando principalmente a sectores críticos como telecomunicaciones, salud y servicios financieros​. El aumento en 2024 con respecto al año pasado refleja una tendencia de mayor frecuencia y complejidad en los ataques. El ransomware sigue siendo una de las principales amenazas, con Chile ocupando el cuarto lugar en América Latina en cantidad de incidentes, sólo por detrás de Brasil, México y Argentina​. Además, los ataques de phishing y malware continúan siendo las técnicas más comunes de los ataques que reportan las empresas”.

La especialista agregó que “la ciberseguridad ya no es una opción, es una necesidad. Desde las pequeñas empresas hasta las grandes organizaciones, todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestros datos y sistemas. Chile ha avanzado enormemente en esta área, pero los desafíos siguen creciendo. Es crucial que sigamos invirtiendo en tecnologías de seguridad, capacitando a nuestros equipos y promoviendo una cultura de prevención y respuesta rápida ante ciberamenazas, en la que aún estamos muy al debe”.

Respecto a la realidad que viven las Pymes en esta materia, la representante de Chiletec aseguró que “dada la falta de políticas internas formales de ciberseguridad en muchas de ellas y la subestimación de los riesgos, se estima que siete de cada diez Pymes en Chile no cuentan con medidas de seguridad adecuadas para proteger sus activos digitales. Aunque hay un creciente interés en la digitalización, solo una parte de ese presupuesto se destina a ciberseguridad, lo que aumenta significativamente el riesgo de sufrir ataques. Además, el desconocimiento sobre cómo gestionar la seguridad de las plataformas tecnológicas nuevas que implementan las hace aún más vulnerables. La dificultad para mantenerse al día con las actualizaciones tecnológicas y legislativas también representan obstáculos significativos”.

Frente a los desafíos que aún están pendiente en nuestro país, la líder de la Mesa de Ciberseguridad del gremio aseguró que “primero, es fundamental crear una cultura de ciberseguridad que abarque desde la ciudadanía hasta el ámbito empresarial, promoviendo la educación continua en buenas prácticas digitales para todos los sectores. También es crucial que las empresas adopten enfoques preventivos, como la realización de auditorías constantes, actualizaciones de software y protocolos de respuesta a incidentes cibernéticos”.

En este sentido, Pérez aseguró que “que el sector público debe robustecer su capacidad de respuesta ante ciberamenazas, desarrollando centros de monitoreo y colaboración efectiva entre distintas instituciones. También es relevante reducir la brecha de capital humano especializado en ciberseguridad es esencial. El país requiere políticas que impulsen la formación de profesionales y la inversión en investigación y desarrollo en tecnologías de ciberseguridad, para enfrentar de manera efectiva la creciente sofisticación de las amenazas​”.

Respecto a la escasez significativa de profesionales en el área, la especialista fue enfática en afirmar que “actualmente, tenemos un déficit de más de 25.000 expertos en ciberseguridad, que podría aumentar a 47.000 para 2029 y a 76.000 para 2035 si no se implementan medidas para reducir la brecha. Las áreas más urgentes donde se necesita cubrir esta demanda son análisis de vulnerabilidades, gestión de riesgos, y respuesta a incidentes. Para abordar este desafío, es fundamental promover la formación de talento especializado y generar alianzas con instituciones educativas y empresas”.