La Cámara de Diputados dio luz verde este miércoles por amplia mayoría a una reforma de pensiones impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric que busca mejorar las bajas jubilaciones y propone los cambios más significativos al modelo creado hace más de cuatro décadas por la dictadura.

«Es un tremendo logro para Chile. Es un acto de justicia, de profundo cariño y respeto por nuestra gente, que responde a la que es una de las deudas más grandes que arrastra nuestro país», dijo el mandatario en una declaración pública desde el palacio La Moneda.

A continuación las claves de una reforma que para algunos es «descafeinada» y para otros es un «logro» de una clase política muy polarizada, que lleva años sin ponerse de acuerdo en los grandes cambios estructurales que requiere Chile:

El sistema de Pinochet

Instaurado 1981, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema chileno fue pionero en la región en instalar la capitalización individual y obligar a cada trabajador formal a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile, gestionada por las administradoras privadas de pensiones (AFP).

«Este sistema no ha funcionado por la forma como están calculadas las pensiones. Las personas que cotizaron entre 35 y 40 años y se pensionaron en el año 2023 tuvieron una tasa de reemplazo de 32,6%, esto es un tercio de su salario promedio de 10 años», indicó a EFE María José Azócar, de la Fundación Sol.

Gran preocupación ciudadana

Las pensiones llevan años liderando las encuestas sobre las grandes preocupaciones ciudadanas y la ciudadanía había perdido la confianza en la capacidad de la política para mejorarlas.

La refundación del sistema fue, además, una de las principales demandas de las protestas de 2019.

Ninguna de las reformas propuestas por los Gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera salieron a flote y solo se obtuvieron logros parciales como la creación de una pensión pública para los más vulnerables en 2008 y su ampliación en 2022.

Los cambios

La reforma, que sufrió modificaciones sustanciales desde que fue presentada por la Administración de izquierdas en 2022, busca beneficiar a 2,8 millones de jubilados, con incrementos de sus pensiones de entre un 14% y un 35%.

También aumenta la pensión básica universal hasta 250.000; sube de manera gradual la cotización hasta el 17%, a cargo del empleador; crea un seguro social; incorpora mecanismos de solidaridad intra e intergeneracional y endurece la regulación de la industria para hacerla más competitiva.

«Es una reforma que le cambia la cara a lo que la dictadura le hizo a este país», dijo tras la aprobación la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.

El economista de la Universidad de Chile Guillermo Larraín explicó a EFE que «los países más avanzados tienen sistemas mixtos, pero estos están más dominados por el Estado, mientras que en Chile el camino ha sido al revés, pues se está pasando de un sistema muy privado a uno un poco más público«.

¿Quién no está contento?

Fue negociada con la coalición de la derecha tradicional Chile Vamos y, aunque está lejos de lo que aspiraba el Gobierno, supone un soplo de aire para Boric, pues fue una de sus grandes promesas de campaña, junto con el pacto tributario que aún no consigue sacar adelante.

La parte más radical de la coalición que integra el Gobierno (Partido Comunista y Frente Amplio) votaron a favor, pese a creer que se hicieron demasiadas concesiones durante el debate parlamentario y que se renunció a eliminar las AFP y a crear un sistema con mayor peso estatal.

«Esta reforma válida y perfecciona el sistema de las AFP. En el largo plazo, irán 6 puntos más a la capitalización individual, cuando en el proyecto original del Gobierno esos 6 puntos iban a un seguro social para que Chile se pusiera al día en el escenario internacional y no siguiese siendo un caso extremo», apuntó Azócar.

En la calle también reina el escepticismo: según la última encuesta Data Influye, el 64% de los mayores de 55 años considera que la reforma no solucionará «definitivamente» el problema de las pensiones, frente a un 33% que considera que solo lo resolverá «en parte» y un 1% que está muy conforme.

Los únicos que votaron en contra fueron algunos descolgados de Chile Vamos y los diputados de los distintos partidos ultraderechistas que hay en el Parlamento, contrarios a cualquier sistema de reparto.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien perdió contra Boric en las elecciones de 2021, cargó contra la reforma en X por «quitarle a los trabajadores uno de sus bienes más preciados, el derecho a la propiedad sobre sus ahorros» y avisó de que la derogará si consigue llegar al poder en los comicios de finales de año.

El Presidente Gabriel Boric encabeza este viernes la promulgación de la ley que soluciona la «deuda histórica» de los profesores, que se arrastra desde hace más cuatro décadas, cumpliendo así uno de los compromisos de campaña.

La normativa establece el pago de 4,5 millones de pesos a 57 mil docentes que se vieron perjudicados durante el traspaso de administración de los establecimientos educacionales hacia los municipios, hecho en tiempos de la dictadura.

En concreto, los pedagogos afectados no recibieron el reajuste salarial establecido del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), ya que fue desconocido por sus nuevos empleadores. Esto motivó acciones legales ante tribunales nacionales e internacionales, en varios casos con sentencias firmes y ejecutoriadas; e incluso la realización de una comisión especial en la Cámara Baja, que reconoció perjuicios.

La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantienen una vigilancia activa y permanente para controlar el tráfico marítimo en nuestros espacios nacionales, con especial atención en el tránsito de flotas de naves de origen extranjero, que todos los años se traslada desde el Océano Atlántico hacia las zonas de pesca en la zona central del Océano Pacífico, cruzando por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

Para llevar a cabo esta importante tarea, la polifuncionalidad de los medios con que la Armada de Chile cuenta, juega un papel fundamental permitiendo disponer de aeronaves, buques y submarinos, para vigilar las áreas de operación de las flotas pesqueras extranjeras, tomando registros e interrogando a los buques, si fuera necesario, ya sea que se encuentren dentro o adyacentes a la ZEE.

Ambas instituciones mantienen sus propios centros de monitoreo donde se analiza en tiempo real el movimiento de estas naves, por medio del “Sistema de Identificación Automática” (AIS) y el uso de los sistemas proporcionados por Global Fishing Watch. Además, en la Central de Monitoreo y Análisis de la Armada, ubicada en las dependencias de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar), se analiza, en tiempo real, el movimiento de estas naves, donde, además, se tiene la capacidad de verificar o coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento que puedan ocurrir en espacios de responsabilidad chilena.

Si bien, el monitoreo remoto es una herramienta que permite conocer el panorama de superficie, la fiscalización en el mar es crucial al momento de comprobar cómo opera la flota. Para esta labor se han utilizado submarinos nacionales, desarrollando fiscalizaciones pesqueras con resultados exitosos, permitiendo, en caso de detectar algún incumplimiento, recopilar registros fotográficos, de audio y video que permiten realizar las denuncias internacionales a través de los conductos pertinentes.

Las naves extranjeras, una vez iniciado su tránsito, navegan desde sus caladeros, en dirección general Sur, hasta la Boca Occidental del Estrecho de Magallanes, para hacer el cruce de Boca a Boca y dirigirse al Océano Atlántico y proseguir sus actividades extractivas.

Cabe hacer presente que todas estas naves son monitoreadas a través de un sistema de posicionamiento automático satelital (VMS), el cual reporta su posición a una central de monitoreo ubicada en la Secretaría de la Organización Regional del Pacífico Sur ubicada en Nueva Zelanda y al Estado de su respectiva bandera, por tanto, son naves autorizadas por dicha Organización, siendo su labor de pesca una actividad lícita.

La fiscalización, el monitoreo y la vigilancia de los espacios marítimos es una tarea permanente entre la Directemar y Sernapesca, labor que realizan con todos los medios que disponen, vigilando los 365 días del año y las 24 horas del día.

Además, Sernapesca coordina la inspección de las naves extranjeras que recalan en puertos nacionales, velando por el cumplimiento de la normativa internacional suscrita mediante el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre las “Medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (AMERP).

De esta forma, Sernapesca realiza la inspección correspondiente, con la participación de personal de la Armada, Servicio de Salud, PDI (Extranjería) y Aduana, donde se revisa la documentación a bordo de la nave, los permisos de pesca, el manifiesto de carga a bordo y toda documentación que sea de interés, además de la inspección visual de las bodegas de la nave y los artes de pesca a bordo, junto con la verificación y certificación de los desembarques, en términos de cantidad y especies, cuando corresponda.

Soledad Tapia Almonacid, Directora Nacional de Sernapesca, se refirió al trabajo colaborativo que realiza la institución con la Armada. “Estamos trabajando con la Armada durante todo el año en relación a la vigilancia en Alta Mar. Es importante señalar que es un trabajo que hacemos en conjunto de monitoreo y vigilancia de todas las naves de pabellón extranjero que ingresan a nuestras aguas o se encuentran cercanas a las 200 millas, para dar la seguridad a nuestra ciudadanía”, expresó la autoridad, agregando que a la fecha no han habido detenciones ni incumplimiento y, en caso contrario, existen procedimientos que se llevan a cabo junto con la Armada.

Por su parte, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada, Contraalmirante (LT) Sigfrido Ramírez, resaltó que este monitoreo permanente permite asegurar que no se produzcan transgresiones a la normativa pesquera. “Cada uno de estos monitoreos se va enfocando de acuerdo a la época y las diferentes flotas que operan frente a nuestras costas. Es importante destacar la flexibilidad de los medios con los que contamos, lo que nos permite que este monitoreo, que se efectúa de manera remota, también se pueda realizar en el mar con diferentes medios tanto aéreos como de superficie”, manifestó la autoridad naval, haciendo hincapié en el trabajo coordinado con Sernapesca,  el cual ha permitido llevar a cabo una serie de fiscalizaciones.