Nacional
Gobierno presentó proyecto para pagar deuda histórica a profesores
En la Plaza de La Constitución, el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de firma del proyecto de ley que busca reparar la deuda histórica de los profesores y profesoras.
Recordar que la iniciativa consiste en un pago único de $4,5 millones para cada docente afectado vivo, que se entregará en dos cuotas, partiendo por aquellos que tienen mayor edad.
En la instancia, el Mandatario señaló que “estamos construyendo sobre la base de pequeños pasos que se dieron antes y hoy logramos encontrar ese acuerdo difícil, ratificado además por votación de los profesores y profesoras, que permita esta reparación”.
“En esta representación transversal de diputados, diputadas, senadores y senadoras que hay acá, les pido encarecidamente que se tramite con mucha velocidad y que ojalá, en el mismo diciembre o antes del receso legislativo de fines de enero, podamos tenerlo aprobado”, añadió.
De aprobarse la ley, el pago iniciará en octubre del 2025 con aquellos de 81 años o más de edad, y terminaría en enero del 2030 con los de 71 años o menos. Además, se contempla la transmisibilidad en caso de que el titular fallezca durante el proceso.
Con esta propuesta, se beneficiará a 57.560 docentes afectados por la «deuda histórica», que están en las bases de datos del Mineduc, y la reparación tendrá un costo de 280.000 millones de pesos para el Estado, distribuidos en seis años.
«Le hemos informado al ministro (Nicolás Cataldo) y a la subsecretaria (Alejandra Arratia) que como Colegio de Profesores y Profesores aceptamos la propuesta que el Gobierno ha hecho», dijo Aguilar en una rueda de prensa junto con las autoridades.
El presidente del Magisterio reconoció que la reparación «es un monto modesto, pero con el respeto con que asumimos como directorio nacional de que quienes tenían que ser los beneficiarios de la propuesta fueran quienes se manifestaran y lo hicieron de manera contundente, con una muy buena participación, más de 27.000 profesores y profesores, a pesar de sus limitaciones físicas y de no manejarse mucho con la tecnología, se manifestaron y esa manifestación es la postura oficial que asumimos».
Además de los dirigentes del Colegio de Profesores, hasta el Mineduc llegó un grupo de profesoras que durante 18 años se ha instalado cada jueves en la Plaza de la Constitución en demanda del pago de la «deuda histórica». En esta oportunidad, las docentes replicaron sus cantos y valoraron, muy emocionadas, la posibilidad de que la reparación sea saldada en los términos acordados.
EL FINANCIAMIENTO
El ministro Cataldo explicó que el monto total «está relacionado con la cantidad de docentes afectados multiplicados por este valor de 4,5 millones».
«Esto está programado por la Dirección del Presupuesto, (que) durante los años anteriores también había tenido consideradas disponibilidades presupuestarias para poder avanzar en los compromisos que el Presidente fue materializando, a lo largo de las cuentas públicas que hizo desde el año 2022 en adelante, sólo que esta vez pudimos llegar a un acuerdo completo», expuso.
«Este proyecto va a tener un informe financiero que va a identificar obviamente las fuentes de financiamiento, la proyección de gastos año a año».
La «deuda histórica» se remonta a la dictadura militar (1973-1990), cuando la administración de la educación pública fue traspasada del nivel central a las Municipalidades del país. Este cambio implicó que el personal docente quedaba sometido al Código del Trabajo y se regiría por las normas aplicables al sector privado.
Las autoridades de esa época crearon una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación Pública, a contar del 1 de enero de 1981. Sin embargo, los profesores que fueron transferidos del Estado central a las Municipalidades, no recibieron esta asignación, dando así origen a la deuda.
Nacional
Sernapesca y Armada vigilan el tránsito de flotas internacionales por la Zona Económica Exclusiva
La Armada de Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), junto al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantienen una vigilancia activa y permanente para controlar el tráfico marítimo en nuestros espacios nacionales, con especial atención en el tránsito de flotas de naves de origen extranjero, que todos los años se traslada desde el Océano Atlántico hacia las zonas de pesca en la zona central del Océano Pacífico, cruzando por la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Para llevar a cabo esta importante tarea, la polifuncionalidad de los medios con que la Armada de Chile cuenta, juega un papel fundamental permitiendo disponer de aeronaves, buques y submarinos, para vigilar las áreas de operación de las flotas pesqueras extranjeras, tomando registros e interrogando a los buques, si fuera necesario, ya sea que se encuentren dentro o adyacentes a la ZEE.
Ambas instituciones mantienen sus propios centros de monitoreo donde se analiza en tiempo real el movimiento de estas naves, por medio del “Sistema de Identificación Automática” (AIS) y el uso de los sistemas proporcionados por Global Fishing Watch. Además, en la Central de Monitoreo y Análisis de la Armada, ubicada en las dependencias de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas (Dirsomar), se analiza, en tiempo real, el movimiento de estas naves, donde, además, se tiene la capacidad de verificar o coordinar las operaciones de búsqueda y salvamento que puedan ocurrir en espacios de responsabilidad chilena.
Si bien, el monitoreo remoto es una herramienta que permite conocer el panorama de superficie, la fiscalización en el mar es crucial al momento de comprobar cómo opera la flota. Para esta labor se han utilizado submarinos nacionales, desarrollando fiscalizaciones pesqueras con resultados exitosos, permitiendo, en caso de detectar algún incumplimiento, recopilar registros fotográficos, de audio y video que permiten realizar las denuncias internacionales a través de los conductos pertinentes.
Las naves extranjeras, una vez iniciado su tránsito, navegan desde sus caladeros, en dirección general Sur, hasta la Boca Occidental del Estrecho de Magallanes, para hacer el cruce de Boca a Boca y dirigirse al Océano Atlántico y proseguir sus actividades extractivas.
Cabe hacer presente que todas estas naves son monitoreadas a través de un sistema de posicionamiento automático satelital (VMS), el cual reporta su posición a una central de monitoreo ubicada en la Secretaría de la Organización Regional del Pacífico Sur ubicada en Nueva Zelanda y al Estado de su respectiva bandera, por tanto, son naves autorizadas por dicha Organización, siendo su labor de pesca una actividad lícita.
La fiscalización, el monitoreo y la vigilancia de los espacios marítimos es una tarea permanente entre la Directemar y Sernapesca, labor que realizan con todos los medios que disponen, vigilando los 365 días del año y las 24 horas del día.
Además, Sernapesca coordina la inspección de las naves extranjeras que recalan en puertos nacionales, velando por el cumplimiento de la normativa internacional suscrita mediante el Acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre las “Medidas del Estado Rector del Puerto para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (AMERP).
De esta forma, Sernapesca realiza la inspección correspondiente, con la participación de personal de la Armada, Servicio de Salud, PDI (Extranjería) y Aduana, donde se revisa la documentación a bordo de la nave, los permisos de pesca, el manifiesto de carga a bordo y toda documentación que sea de interés, además de la inspección visual de las bodegas de la nave y los artes de pesca a bordo, junto con la verificación y certificación de los desembarques, en términos de cantidad y especies, cuando corresponda.
Soledad Tapia Almonacid, Directora Nacional de Sernapesca, se refirió al trabajo colaborativo que realiza la institución con la Armada. “Estamos trabajando con la Armada durante todo el año en relación a la vigilancia en Alta Mar. Es importante señalar que es un trabajo que hacemos en conjunto de monitoreo y vigilancia de todas las naves de pabellón extranjero que ingresan a nuestras aguas o se encuentran cercanas a las 200 millas, para dar la seguridad a nuestra ciudadanía”, expresó la autoridad, agregando que a la fecha no han habido detenciones ni incumplimiento y, en caso contrario, existen procedimientos que se llevan a cabo junto con la Armada.
Por su parte, el Director de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada, Contraalmirante (LT) Sigfrido Ramírez, resaltó que este monitoreo permanente permite asegurar que no se produzcan transgresiones a la normativa pesquera. “Cada uno de estos monitoreos se va enfocando de acuerdo a la época y las diferentes flotas que operan frente a nuestras costas. Es importante destacar la flexibilidad de los medios con los que contamos, lo que nos permite que este monitoreo, que se efectúa de manera remota, también se pueda realizar en el mar con diferentes medios tanto aéreos como de superficie”, manifestó la autoridad naval, haciendo hincapié en el trabajo coordinado con Sernapesca, el cual ha permitido llevar a cabo una serie de fiscalizaciones.