Un contundente rechazo tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que buscaba declarar a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, y en el que se establecía su control por parte de la Autoridad Sanitaria.

Con 19 votos a favor, 99 en contra y 21 abstenciones la incitativa fue archivada y recién dentro de un año se podrá ingresar algún proyecto similar.

El documento establecía por perro asilvestrado todo aquel que ha nacido o ha vuelto a su estado salvaje, viviendo sin supervisión o control directo de seres humanos. En ese sentido, se consideraba el actuar de manera agresiva ante la presencia de personas, llegando a atacar, dado a su estado salvaje, a animales domésticos y fauna silvestre a lo largo de nuestro país.

En lo principal el proyecto apelaba a la Ley 19.473, sobre caza para el control de los perros que actúen solos o en jauría, aplicándola cuando estuvieran fuera de zonas o áreas urbanas y de extensión urbana. Con ello, se posibilitaba que cualquier persona pudiese capturar perros asilvestrados y ponerlos a disposición de la municipalidad o autoridad correspondiente. La idea expuesta en el texto era proteger a las personas o al ganado del que fueran dueños o responsables.

Para prevenir o contrarrestar los riesgos de los perros asilvestrados, la autoridad sanitaria podía establecer un control poblacional. Para ello se planteaba efectuar la captura, castración o esterilización de dichos canes.

En tal sentido, se determinaba un desarrollo de planes de instalación de cercos de seguridad de predios. También la rehabilitación y adopción, según las características del animal y la capacidad de los organismos pertinentes.

Por otro lado, se dejaba libre de sanción a quien actuara en defensa propia, de otras personas o de animales que estuvieran siendo atacados por perros asilvestrados.

FOJA CERO

Rubén Díaz, agricultor de Quellón y dirigente social, ha sufrido pérdidas de ganado recurrentemente por la acción de perros asilvestrados. En este contexto, veía con buenos ojos la discusión de un proyecto de ley de esta naturaleza, sin embargo, lamentó que finalmente no prosperara. Además, dijo, es recurrente que se tomen las decisiones centralizadas y no se considere la mirada de quienes se ven afectados.

“Las veces que nos atacan los perros andan en jauría, 4 a 5 perros, no pasa nada con la tenencia responsable, entonces, nos dejan con los brazos cruzados porque no nos dejan hacer nada. Era muy bueno eso de la caza o de la captura para entregarlos a alguna agrupación, pero entregarlo alguna agrupación animalista es como nada, ya que a la semana están de nuevo en las calles o haciendo daño. Era muy buena esa iniciativa, ellos no saben cuál es el sacrificio que uno hace para la crianza de animales”, expresó.

Según señaló, tras el último ataque perdió 34 corderos y 8 ovejas, y si bien existen seguros sobre el ganado, es muy complicado y engorroso recuperar los recursos cada vez que ocurren ataques. “Lamentablemente quedamos hasta ahí y no hay forma que se tenga una mirada un poco hacia el agricultor, al pequeño agricultor en este caso. Con la tenencia responsable se puede presionar a que el animal esté “chipeado”, esterilizado o cuánta cosa, pero en el fondo, la gente no toma conciencia. El que vive en la ciudad tiene una mirada distinta, el perro tiene más valor que un cordero porque nos dicen que estamos lucrando con vender un cordero, pero es un trabajo, hay un sacrificio que uno hace. Para tener animales hay que tener buenos campos, fertilizar, no es que lo larguen al campo a que crezca. Entonces, es súper complicado para los agricultores”dijo.

Según señaló, hay concordancia entre los criadores que debe legislarse una ley que abordar de manera más profunda. “Estábamos contenidos en que salga la ley porque nos sacaban un poco de peso de esta mochila, pero volvemos a foja cero y más de los mismo”, dijo.

DESDE EL 2018

Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Dalcahue, su presidenta Mirna Hernández, recordó que los ataques de perros siguen siendo un problema para los pequeños agricultores. Además, recordó que en 2018 se formaron mesas de trabajo para tratar este tema, las que a su juicio no tuvieron resultados efectivos.

“Ese año hicimos una denuncia a la Fiscalía, con un listado de agricultores afectados, porque hicimos reuniones y trajimos autoridades regionales, pensando que se avanzaría con esta preocupación, pero como la mayoría de las cosas el interés es en el instante que sucede el caso. En aquel entonces, con el total de agricultores afectados, eran 1.800 lanares y otros tanto ovinos, que fueron atacados. Hasta el día de hoy, de esa denuncia no hemos tenido ningún resultado”, expresó.

Agregó que “en nuestra comuna se mejoró un poco, porque se catastraron los perros del vertedero, se colocaron chips, se esterilizaron, harto mermaron, pero cuando viene la temporada sigue pasando, no solo en mi comuna, sino que en todo Chiloé. Este año hubo muchas muertes, eso sigue. Además, quizás puedas recibir algún apoyo, pero quienes se favorecen son los inscritos en Indap o el SAG. Conocemos el caso de una familia acá, de un hombre discapacitado que tenía 30 ovejitas y las perdió todas en una noche”.

Respecto a la ley, apuntó que este tipo de leyes tienen mucha resistencia de las organizaciones animalistas, por lo que es necesario una solución. “ Hay que buscar solución, no sé si perreras o algo, algunas comunas que las han tenido tampoco les ha dado resultado, por el tema de recursos, los profesionales para el cuidado. No se ve mucho una solución en estos casos. Ojalá lo agricultores puedan tener alguna ayuda para recuperar esos animales que para muchos es su sustento”, expresó.

Patricia Lleucún, presidenta de la Junta de Vecinos de Río Negro, en Quemchi, señaló que efectivamente en su momento hubo mucha preocupación en el sector rural producto de los ataques. Por el momento, indicó hay acciones que han permitido controlar la natalidad de canes, con campañas de esterilización.

“Se está haciendo eso, todavía pasan casos, pero son casos aislados. Por ahora es poco común, pero en su momento si hubo preocupación. En su momento lo tocamos como unión comunal y junta de vecinos, en otras comunas es más complicada la situación, como en Dalcahue o Ancud”, expresó.

Respecto a la norma que se discutió señaló que a su juicio era excesiva. “Los responsables son los adultos, a veces nosotros tenemos la culpa que regalamos mascotas a nuestros hijos y luego lo tiramos a la calle y anda haciendo esto por hambre”, cerró.

FUENTE: EL INSULAR.

La Dirección del Trabajo aclaró este jueves las dudas respecto a la implementación de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales, esperado proyecto que comenzará a regir desde el próximo viernes 26 de abril.

A través de un dictamen, el organismo informó que la reducción de la próxima semana debe ser -de manera obligatoria- un día con una hora menos, descartando así otras interpretaciones que han surgido en los últimos días, entre ellas media hora en dos días o incluso 12 minutos cada jornada.

«Hemos señalado que la ley es muy clara al establecer una gradualidad y una regla de proporcionalidad que en el artículo tercero transitorio, que debe ser obligatoria para el empleador cuando no existe acuerdo entre las partes», advirtió el director del trabajo, Pablo Zenteno.

En esta línea, la autoridad aclaró que «la reducción que estaba siendo discutida, las dudas respecto a si era posible en una jornada de cinco días reducir 12 minutos al día, hemos aclarado que no es posible según el espíritu de la ley«.

«Según una interpretación armónica de la ley de reducción de la jornada laboral, señalando que cuando estamos hablando de una hora, de una jornada semanal de lunes a viernes, este 26 de abril a lo menos tiene que reducirse en una hora al día«, puntualizó Zenteno.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara aseguró que «es deber de quienes suscribimos este acuerdo, empleadores, trabajadores y gobierno, procurar su implementación de forma adecuada y no de una manera que signifique una burla al espíritu de la legislación«.

OTRO PUNTO DE DEBATE

Otro tema que también abordaron las autoridades es la situación de quienes no tienen una jornada laboral definida actualmente en virtud del inciso 2° del Artículo 22 del código del trabajo, pues los casos en que dicha norma se debe aplicar también se limitan.

«Más que una excepción se constituyó en una fuente de uso y abuso, donde mucha gente sin jornada lo que hace es estar todo el tiempo a disposición de los empleadores. Ahora bien, quienes entren a ser regulados por la jornada y realicen turnos, esos turnos extras se les tienen que remunerar de acuerdo a las horas extras como están hoy establecidas en la ley«, afirmó la ministra Jara.

De todas maneras, advirtió que «van a seguir habiendo dos tipos de trabajadores que podrían estar excluidos de jornada: Los de la alta gerencia y aquellos que, por la naturaleza de la función que desarrollan, no son sujetos de fiscalización«.

CUT VALORÓ EL DICTAMEN

El dictamen dado a conocer este jueves fue valorado por el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos, quien aseguró que «evita la trampa de cientos de empresarios que lo estaban haciendo mal y no siguiendo el ejemplo de otros empresarios que sí estaban aplicando el espíritu de la ley».

«Esperamos que con esto se respete el sentido original del proyecto y que la gente descanse efectivamente al menos un día, una hora de descanso, una hora menos de trabajo en al menos uno de los cinco días«, solicitó.

Cabe recordar que la iniciativa será implementada de manera gradual a partir del viernes 26 de este mes y finalizará en 2028.

Desde la próxima semana se concretará la disminución de 45 a 44 horas, el primer paso del proceso de reducción de la jornada laboral.

Posteriormente, en abril de 2026, se descontarán otras dos horas, pasando de 44 a 42 horas laborales a la semana. Finalmente, el proceso concluirá en 2028, con una última reducción de dos horas de la jornada laboral, llegando así al objetivo de las 40 horas semanales.

Comercio en picada: Dictamen no se respeta la gradualidad

La resolución de la Dirección del Trabajo (DT) causó molestia en la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que expresó «preocupación y sorpresa ante la imposición de una fórmula específica», que deja fuera la opción de reducir la jornada diaria en, por ejemplo, 12 minutos durante los cinco días de la semana.

«La DT interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de 1 hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal, en 1 día a la semana, considerando que la propia ley no establece esa distinción«, dijo María Teresa Vial, presidenta del gremio.

La dirigente agregó: «Nos preocupa que este tipo de dictamen se emita a una semana de la entrada en vigor de la ley, la que se promulgó hace un año. En la práctica, las empresas han realizado un análisis de su estructura organizacional, evaluaron el impacto de la reducción de jornada para su modelo de negocio, tomaron decisiones respecto a la operación y realizaron cambios en los contratos de trabajo para cumplir lo requerido en la ley, por lo que este tema hoy confunde a los empleadores».

Se iniciaron las postulaciones al Subsidio de Arriendo 2024, beneficio que llegará a 8.500 familias del país, y que consiste en un subsidio total de 170 UF que se entrega de manera mensual a quienes realicen un pago por arriendo.

Según explicó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, se puede postular hasta el 28 de junio, tanto de manera online, en el portal https://www.minvu.gob.cl/ como de manera presencial (desde este 17 de abril) en las oficinas del Serviu que hay en cada región.

“El subsidio de arriendo es poco más de seis millones de pesos para las familias que lo reciben y las familias deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos un ingreso para aportar una parte del pago arriendo y la otra parte la pone el Estado que se van entregando por cuotas de 180 mil pesos mensuales”, señaló el ministro Montes.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo 2024

• Tener mínimo 18 años de edad.
• Contar con cédula nacional de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
• Postular al menos con su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Las personas que tengan más de 60 años al momento de postular no necesitan contar con núcleo familiar.
• Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Se permitirá una postulación por RSH en cada llamado.
• Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular, la cual debe estar a nombre del postulantes, cónyuge o conviviente civil.
• En el presente llamado se dispone a contar con un ingreso familiar entre 7 UF y 25 UF. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF. La UF debe ser del valor vigente al último día del mes anterior al período de postulación (31-03-2024).