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La recta final: Comisión Experta vota desde este lunes el borrador de nueva Constitución

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Desde este lunes, el Pleno de la Comisión de Expertos revisará y votará el borrador de nueva Carta Magna que, finalmente, será entregado al Consejo Constitucional cuando inicie sus funciones, el próximo 7 de junio.

«Este anteproyecto no va a ser la Constitución de los sueños de ninguno de nosotros, pero sí tenemos la certeza de que es una Constitución bien hecha, que está equilibrada, que respeta nuestra tradición constitucional y mantiene normas que han probado que funcionan bien y, a la vez, innova en materias muy importantes», afirmó en la víspera la presidenta del comité, Verónica Undurraga, a Cooperativa.

Una de esas innovaciones, dijo la abogada, es el artículo 1, que dice lo siguiente: «Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas».

Dicha norma «da protección muy robusta a los derechos y libertades individuales de las personas, a la vez que configura el Estado social de derecho; es decir, una protección fuerte de la salud, de la educación, de la seguridad social, del derecho prioritario al agua para el consumo», resumió Undurraga.
«Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales», comienza el artículo 1 del texto redactado por los comisionados. (Foto: ATON)

Otro artículo destacado del anteproyecto, aprobado en la subcomisión de Principios, es el que reconoce a los pueblos indígenas «como parte de la nación chilena, que es una e indivisible» y su participación política en el Congreso, según los «mecanismos» que serán establecidos por la ley, aunque el oficialismo no logró incluir escaños reservados.

Por su parte, la subcomisión de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado fijó un umbral del 5% de los votos para que un partido pueda «participar en la distribución de escaños» del Parlamento para evitar la actual fragmentación política, solo con la excepción de que la formación «tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios».

A modo de transición, y sólo para las primeras elecciones parlamentarias tras la aprobación de la nueva Carta Magna, la barrera se rebajará al 4% (o la obtención de 4 parlamentarios).

La misma subcomisión despachó una norma sobre paridad en la que fija, de forma transitoria, un equilibrio de sexos en que ninguno puede superar la proporción 60%-40% y ordena a los poderes Ejecutivo y Legislativo tramitar una ley que la regule en el plazo de un año.

El borrador también contempla fórmulas para promover la participación ciudadana, como la iniciativa popular de ley, que podrá ser presentada al Congreso con un apoyo ciudadano del 4% del último padrón electoral; y la iniciativa derogatoria de ley, para derogar total o parcialmente una norma y someterla a referendo.

Para fortalecer al Poder Ejecutivo y su relación con el Congreso, los expertos diseñaron un mecanismo a través del cual el Presidente de la República podrá escoger un máximo de tres proyectos de ley, como parte de su agenda legislativa prioritaria, que deberán tramitarse en un año, de lo contrario, «se pondrán en votación en la sala en su última versión aprobada».

LUIS SILVA: «VAMOS A ESPERAR EL RESULTADO FINAL Y, LUEGO, NOS CORRESPONDERÁ A LOS CONSEJEROS ANALIZAR, EVALUAR O MEJORAR ESE TRABAJO»

Desde el Partido Republicano, ganador de las elecciones constituyentes, el consejero Luis Silva, el más votado del país, rompió el silencio impuesto por la colectividad y aseguró que son «muy respetuosos del proceso que está llevando adelante el comité de expertos y de las definiciones que ha tomado y que tiene que tomar en los próximos días».

«Vamos a esperar el resultado final y, luego, nos corresponderá a los consejeros analizar, evaluar o mejorar ese trabajo de cara a la finalización de este proceso constitucional», indicó el constituyente electo por la Región Metropolitana.

Según Silva, «si hay algo que nos dejó el fracaso de la Convención anterior es que no debemos adelantar juicios, pero sí tener una vocación por superar las desconfianzas y trabajar con responsabilidad para representar a los chilenos. Ese es nuestro espíritu y compromiso con este proceso».

Mientras que desde el oficialismo, que será minoría dentro del futuro órgano constituyente, apuntan a la creación de un «bloque unitario» como estrategia, consideran que el clima de discusión dentro de la Comisión Experta es un buen antecedente y creen que el borrador es un buen punto de partida para el trabajo de los consejeros, ya que refleja los acuerdos logrados.

DERECHOS INDÍGENAS

El reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Constitución no es un hito suficiente, debe incluir derechos colectivos reales en temas culturales y de recuperación y gestión del territorio, sostuvo Alihuen Antileo, único representante indígena elegido para el Consejo.

«Nosotros no vamos a plantear otros artículos, otros derechos, que contravengan el acuerdo, porque va a ser inviable. Existe este reconocimiento de los pueblos indígenas. Nosotros planteamos que debería ser un reconocimiento real y, por lo tanto, que eso se traduzca en el reconocimiento o establecimiento de algunos derechos colectivos que son parte de las demandas de los pueblos indígenas», indicó el abogado mapuche.

«Está la participación política mediante votación diferenciada y escaños reservados en el Congreso. Lo que esperamos es que no solo se circunscriba al Congreso, sino que a los cargos de elección popular o, por ejemplo, a los gobiernos regionales y también los municipios», agregó Antileo.

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Proyecto Ley de Cabotaje: advierten sobre efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico

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Diversos son las voces del mundo marítimo que advierten las consecuencias que tendría para el sector el proyecto de ley de Cabotaje Marítimo que se discute en el Congreso y que fue despachado a segundo trámite al Senado.

Una de ellas es la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur) que reúne a más de 30 empresas del rubro marítimo portuario, desde donde se insiste en que la norma tendrá efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico, y con especiales consecuencias en la zona sur-austral.

CRITICAS

En este contexto, fue el presidente de Armasur, Héctor Henríquez Negrón quien recordó que los proyectos que buscan apertura de cabotaje se arrastran desde el 2011 y la actual iniciativa de ley viene del gobierno de Sebastián Piñera. Inicialmente el proyecto buscaba abrir totalmente el cabotaje en el territorio nacional, permitiendo que cualquier buque de bandera extrajera pueda trasladarse a cualquier punto y puerto del país. “Desde ese entonces hicimos ver que ese proyecto atentaba contra varias cosas en aspectos laborales, estratégicos, de defensa y a raíz de eso, y lo que señalaron los demás gremios, el actual gobierno lo que hace es hacer indicaciones al proyecto, y la principal es que el cabotaje debe hacerse por naves chilenas, las reserva debe quedarse para los chileno, pero inmediatamente también hace 2 o 3 indicaciones a la Ley de Fomento y Navegación, donde a través de excepciones, algunas contempladas en la ley, lo que hace es decir que los extranjeros bajo ciertas condiciones van a poder hacer cabotaje igualexpresó.

Entre las excepciones creadas está la llamada “Ruta de salida”, que permite a las naves de comercio exterior que provengan del extranjero y descarguen carga en un puerto nacional, realizar cabotaje exclusivamente en su ruta de salida. Además, el “Waiver anual”: corresponde a un permiso anual para que realicen cabotaje cuando no existan servicios de línea regulares prestados por navieras chilenas.

“Lo que hemos dicho es que esas indicaciones están dentro de la Ley de Fomento a la Marina Mercante donde se debe discutir la competencia y competitividad de mover carga, nosotros estamos de acuerdo que ahí se produzcan las discusiones que van generando cuales son los límites con que se hace cabotaje en Chile, bajo aspectos exclusivamente comerciales y económicos. Pero mantiene una sola cosa que siempre hemos criticado a las modificaciones a la ley de fomento, que es que permite, restringido, más o menos, pero permite que en un mismo territorio se permita competir con legislaciones y normativas distintas dentro de una misma industria”, expresó.

Esto referido a la dualidad que permitiría la ley, rompiendo con la igualdad de condiciones, permitiendo que las naves trabajen en territorio nacional con normativas de otros países. Además, agrega, que con el objetivo de generar competencia hace modificaciones a Ley de Navegación, normativa que no reponte, a su juicio, a esos intereses.

“Acá la tratan de modificar para mejorar ciertos aspectos económicos y de competencia que tendría el país producto de la Ley de Navegación, lo que es un tremendo error estratégico. La Ley de Navegación está para cautelar ciertos temas estratégicos del país, así la tienen más del 80% de los países que tienen acceso al mar. La Ley de Navegación no da cuenta de intereses comerciales y económicos, para esto está la Ley de Fomento, la Ley de Navegación protege el cabotaje bajo cuatro pilares. Uno, dotación chilena; dos, amadores, propietarios o capitanes chilenos; tres, autoridad fiscalizadora que regula la autoridad chilena; y cuatro, la normativa que aplica es chilena. Este proyecto de ley lo que hace, al decir que la propiedad mayoritariamente pueda ser una naviera extranjera, rompe el criterio. También, se rompe el principio de la entidad fiscalizadora, porque aquí la Autoridad Marítimo o la Dirección del Trabajo y el tercero es la normativa que debe regular es nacional, esta ley la viene a romper porque la normativa sería la de la bandera”, agregó.

EFECTOS

El presidente de Armasur, agregó que junto con lo anterior hay un efecto sobre la integración territorial que afecta a nuestra zona, entendiendo que se hace a través del mar. Agregó que es por ello que insisten en abrir el diálogo para poner estos puntos en la discusión.

“Si uno hace un análisis económico, comercial, del sur austral con la legislación que tenemos hoy en día, no la que se está pensando modificar, el desarrollo que ha tenido la actividad marítima en el sur austral ha sido impresionante. En naves mayores el año 1990 teníamos 30, ahora tenemos más 300 producto del crecimiento en la conectividad, mitilicultura, salmonicultura, entre otras. Pero no solo en naves, en puerto, en astilleros ha sido extraordinario, y así lo reconoce la misma autoridad. Pero, además, ha permitido que más de 600 naves menores estén participando de la actividad marítima, de pequeños y microempresarios navieros que se han convertido de la pesca artesanal, entonces ha desarrollado en forma importante y ha dado para todos”, apuntó.

Finalmente, Héctor Henríquez señaló que como gremio seguirán liderando las conversaciones, ahora en el Senado. “Esperamos encontrar en el Senado, sobre todo los senadores de la región y de las regiones más extremas, una capacidad de análisis en su contexto más amplio, que solo comercial y económico. Estamos convencidos que así será, estamos convencidos que tendrán la altura de dimensionarlo en su contexto integral. Ese es un trabajo que tenemos que hacer como gremios y eso es lo que estamos haciendo”, cerró.

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La mitad de quienes pidieron préstamos solidarios en pandemia no ha pagado ninguna cuota

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La mitad de las casi 1,9 millones de personas que solicitó los préstamos solidarios de 2020 y 2021, dispuestos por el Estado para cubrir la caída de rentas o ingresos de trabajadores dependientes e independientes y empresarios individuales durante la pandemia del Covid-19, no ha pagado ninguna cuota.

Según información del Servicio de Impuestos Internos, 1.856.757 RUT únicos accedieron a la ayuda, y el monto totalizó 2.032.162 millones de pesos, publica hoy La Tercera.

Desagregada la cifra, 557.616 personas pidieron ambos préstamos, En tanto, 750.498 obtuvieron solo el de 2020 y 548.643 el de 2021.

Según las respectivas leyes que habilitaron los aportes, que estos préstamos debían reintegrarse en cuatro cuotas anuales, del 10% la primera y del 30% las tres siguientes, a través del proceso de Operación Renta.

Por el préstamo del de 2020, la cuota inicial debió pagarse en 2022 y la segunda, este año. Por la ayuda del 2021, recién este 2023 correspondía el primer abono, en ambos casos con la opción de que el contribuyente pudiese pagar anticipadamente.

De acuerdo con el balance del SII, 909.825 RUT únicos, el 49% del total, registran algún pago, por 273.243 millones de pesos en total; pero 946.932 beneficiarios (el 51%) no han efectuado ninguno.

Las leyes de cada préstamo establecieron que cada cuota no podía superar el 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual del contribuyente. En caso de que, por la aplicación de ese tope, al cuarto existiera aún un saldo por devolver, éste será condonado.

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A dos semanas del plebiscito, campañas despliegan todos sus esfuerzos

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A dos semanas del plebiscito, los comandos del A Favor y el En Contra comienzan a reforzar sus campañas para el sufragio del 17 de diciembre con el fin de informar adecuadamente a la población sobre las ventajas y desventajas de la propuesta de Constitución.

Por una parte, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), participó de una actividad junto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y vecinos de dicha comuna, en la que dio cuenta del repunte de la opción A Favor en las encuestas.

En ello, Hevia apuntó que «con el paso de las semanas y con la posibilidad que ha tenido la ciudadanía de informarse, hemos visto cómo el texto va ganando adhesión. Yo soy una convencida que el que la lee se informe, le gusta y por tanto vota A Favor».

«He estado en distintas lugares de Chile, hay más cercanía, necesidad y ganas de querer conocer y querer aprobar este proceso constitucional, porque votando A Favor podemos cerrar este capítulo constitucional, quienes insisten que si se mantiene abierto, solo significa que no tienen el foco y las preocupaciones en las urgencias sociales«, sostuvo.

EN CONTRA PONE FOCO EN DESVENTAJAS DEL TEXTO

Por otro lado, desde el comando del En Contra señalaron que en las últimas semanas se enfocarán en informar las desventajas del texto y no en una campaña polarizante.

En ese sentido, la excomisionada experta y vocera del comando, Antonia Rivas (CS), destacó que «si se dan cuenta, nosotros no hemos cambiado la estrategia de campaña, hemos seguido una sola línea y es explicar que este texto tiene letra chica».

En esa línea, enfatizó que «el A Favor va como en un cuarto cambio de campaña y la verdad es que avanzando hacia la polarización. Y lo más importante, nos quieren hacer creer que este es un plebiscito contra el Gobierno, eso van a instalar».

«Le digo a todos los chilenos que lo que se vota el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos con sus amigos de Chile Vamos. El 17 de diciembre se vota la mala propuesta, la propuesta que divide y nada más», aseveró.

Por otro lado, el crecimiento del «Que se jodan» del A Favor remeció la campaña y por lo mismo, el En Contra respondió este domingo propuesta audiovisual donde se preguntan: «¿Quién se jode con la propuesta constitucional?».

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