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Provincial

Consejero Ojeda se mostró partidario de impulsar proyectos de infraestructura deportiva en islas del archipiélago de Chiloé

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El Consejero Regional, Andrés Ojeda, se mostró partidario de impulsar proyectos deportivos para las islas de archipiélago de Chiloé, argumentando que en sus visitas a estas apartadas localidades ha podido constatar que no existen gimnasio, patios techados o multicanchas.

Tales palabras las expresó luego que en el Consejo Regional celebrado la semana pasada en la ciudad de Chonchi, se logró aprobar un aumento de presupuesto para licitar un Centro deportivo municipal en esa comuna, donde el monto total del proyecto alcanza a los dos mil 453 millones de pesos.

El personero señaló que es recurrente en el CORE aprobar proyectos deportivos para las ciudades más grandes de la provincia, pero reconoció que hay una deuda con las islas más apartadas del archipiélago que no cuentan con espacios adecuados para la práctica de disciplinas deportivas.

“Hemos recorrido variadas islas de nuestro archipiélago y nos encontramos que no tenemos espacios deportivos cerrados, no tenemos gimnasios, canchas techadas, entonces hoy día la verdad es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor, no solamente llegar a estas ciudades que son mas grandes dentro de nuestra provincia, sino que tenemos el desafío de llegar con este tipo de soluciones también a nuestras islas, así que espero que podamos avanzar en eso”, expresó el consejero Ojeda.

Recordó que ni los consejeros regionales ni el Gobernador son los que levantan los proyectos, sino que los proyectos se levantas desde los mismos territorios y por lo tanto hizo un llamado a los municipios y a los alcaldes para formular proyectos deportivos para las islas del archipiélago.

El consejero Andrés Ojeda, recordó que existe un Plan de Zonas de Rezago que beneficia a cinco comunas del archipiélago de Chiloé, donde se contemplan obras como rampas, mejoramiento de caminos, luz eléctrica, agua potable, pero no está incluido el tema de la infraestructura deportiva.

Por este motivo dijo, ya ha sostenido algunas conversaciones con quienes están coordinando el Plan de Zonas de Rezago, con el propósito de poder incluir algunos proyectos de infraestructura deportiva, con el objeto de otorgarle mayor dignidad a quienes practican deporte, en comunidades apartadas de la provincia.

 

 

 

 

 

 

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Preocupación y molestia en Chiloé por falta de recursos para paliar la sequía

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Para nadie es un misterio que Chiloé se está quedando paulatinamente sin agua, algo más común de lo que se cree en esta zona del país, sobre todo en sectores rurales y apartados donde cada verano son los camiones aljibes gestionados por los municipios quienes van en ayuda de cientos de familias y agricultores del archipiélago que sufren con la escasez del vital elemento. El cambio climático, la mayor densidad poblacional y la pérdida del bosque nativo han aumentado la escasez de agua, sobre todo ahora en verano factores que al parecer y en su momento, no fueron evidencia suficiente para la Dirección General de Aguas, encargada de realizar un informe que consideró sólo a la provincia de Palena con potencial de peligro hídrico dejando fuera a la provincia de Osorno, Llanquihue y Chiloé. Informe que se dio a conocer en septiembre del 2023.

Es por tal razón que el Presidente de la Asociación de Municipios del archipiélago y alcalde de la comuna de Queilen, Marcos Vargas Oyarzún nuevamente en enero del 2024 y considerando que la situación de hoy es crítica nos señala una vez más, su preocupación y molestia por esta situación, la cual ha sido calificada como grave y que no se consideró de buena manera en los tiempos que correspondían. “ recibimos en septiembre del 2023 de parte de la Delegación Presidencial un oficio que da cuenta de que la propia Delegación en su momento le pidió un informe al Ministerio de Obras Públicas que fue encargado a la Dirección General de Aguas donde se señala que solamente la provincia de Palena sería declarada como zona de crisis hídrica y no la provincia de Osorno, Llanquihue y Chiloé, esto significó que desde octubre ninguno de los municipios de Chiloé tendría la posibilidad de tener recursos para el arrendamiento de camiones aljibes para distribuir agua en la época de verano especialmente en los rincones rurales e insulares del archipiélago de Chiloé. Fue, sin duda alguna, una decisión errada e irresponsable. En todo este tiempo hemos conversado con los demás alcaldes porque la molestia y preocupación es profunda, es una situación delicada y grave que queremos dar a conocer públicamente y vamos a hacer llegar nuestro reclamo a todas las instancias que correspondan con el fin de encontrar una rápida y pronta solución. Los municipios prácticamente no pueden sustentar en soledad este problema y es deber y obligación de nosotros velar por los cientos de familias que se están viendo afectadas. Lamentablemente hasta el día de hoy aún no tenemos respuesta de la Delegación Provincial ni Regional. Complementando lo anterior, el edil queilino agrega, “han pasado 4 meses de esos documentos y todavía no sabemos si vamos a tener recursos para contratar camiones aljibes. Necesitamos con urgencia una solución a la brevedad y los recursos no lleguen cuando termine el verano, es más las personas pueden pensar que es el municipio el responsable de la falta de camiones aljibes siendo que se solicitó hace mucho tiempo dichos recursos para paliar el déficit hídrico. No nos gustaría desembolsar recursos que no tenemos para este problema, hay muchas familias de Chiloé y de la comuna de Queilen que esperan una respuesta frente a este tema”. Finalizó el Presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé.

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Nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales: Comités piden modificarla ante la imposibilidad de cumplir la normativa

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Actualmente en Chiloé son cerca de 150 Comités de Agua Potable Rural (APR) regulados por la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que busca normalizar la operación y administración de las organizaciones que mantienen la distribución de agua en los sectores rurales.

Sin embargo, desde las mismas organizaciones señalan que la ley supone una serie de exigencias que hacen inviable su cumplimento y que van desde temas administrativos y técnicos, que incluso conllevan sanciones asociadas.

Es por ello que se creó una mesa de conversación entre el Gobierno y las entidades sociales, que buscan abordar los planteamientos de los comités de APR y cooperativas para modificar la nueva ley y asegurar que sea un avance para las organizaciones comunitarias que hoy administran el agua potable en los sectores rurales,

REALIDAD

Jonathan Farah, presidente de la Asociación Provincial de Comités de Agua de Chiloé y miembro de la Mesa Única Nacional del Ministerio de Obras Públicas indicó que hoy se está buscando que se cumpla la norma por organizaciones que no estaban preparadas y operan con carencias en infraestructura como administrativas. Agregó que la norma, en las actuales condiciones es perjudicial para el funcionamiento de los comités por las existencias de operatividad, tratamiento de tarifas, fiscalización y sanciones asociadas a la operación deficiente, que podría derivar en una acción judicial. “Resulta que muchos comités hoy no tenemos ni siquiera agua, entonces, la ley viene a exigir que los Comités de Agua entreguen agua en calidad, cantidad y continuidad, siendo que no la tienen. Entonces, se ven imposibilitados de dar cumplimiento. Esto no es por culpa de los comités, sino por la mala gestión que ha tenido el estado en esta materia, han sido muy abandonados, por mucho tiempo, bajo un programa del MOP, con asesorías de las sanitarias (…) pero no estuvieron al día. Hoy tenemos diagnósticos paupérrimos infraestructura no adecuada, los comités están con 20 a un 50% de solicitudes de agua en las zonas rurales y no están condiciones de entregar agua” señaló.

En este contexto, indicó que antes de implementar la ley se debió poner al día a los comités para cumplir con las exigencias. Estas no van solo en infraestructura, sino en la posesión del agua, entendiendo que más del 50% de los comités del país no tienen derecho de agua. Aquí, el dirigente lamentó que el Estado no mediara para que estas organizaciones tengan la capacidad mínima para cumplir la ley. “La ley trae sanciones para los dirigentes cuando han hecho mal su labor, ya sea sanciones de censura a los directorios, responsabilidad civiles, penales y administrativas, cuando ha habido una actuación que no corresponde y nosotros señalamos que si hay una mala operación se tiene que ayudar para que eso se solucione, pero no pueden haber sanciones cuando estamos en manos de organizaciones voluntarias, que toman una tremenda responsabilidad del agua. Hay sanciones y no hay otras ayudas”

Es así que los 33 dirigentes que conforman la Mesa Única Nacional buscan por ley fortalecer el rol de los dirigentes, la tenencia del agua para los comités y que otras instituciones sanitarias los reconozcan como usuarios estratégicos, entregándoles más herramientas.

“La ley está vigente, pero se han hecho algunas prórrogas como, por ejemplo, la entrada en rigor de la fiscalización a través de la Superintendencia, que tendrá un calendario de acuerdo a la categorización de estos comités. En noviembre de 2024 tendría que fiscalizarse los comités mayores, de más de 500 arranques y de aquí al 2029 el resto, para entrar en una armonización. Los mismo con las tarifas (…) Una de las cosas más importantes es que a través de la ley se busque el fortalecimiento del rol del dirigente y que eso conlleve a que el agua y la administración del agua potable rural siga en manos de la comunidad y no se vea amenazada porque puedan venir las sanitarias y tomar la admiración. Es la primera protección que buscamos”, cerró.

PERJUICIOS

Quien también se manifestó sobre el tema fue el Consejero RegionalFrancisco Cárcamo, quien indicó que no están dando solución a los problemas de los comités. Agregó que se debe existir un mayor funcionamiento y apoyos técnicos de parte de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales hacia los comités y no dejarlos solos.

Cárcamo, apuntó que los proyectos de conservación de servicios sanitarios rurales, que tienen un bajo costo, se han visto perjudicados por la nueva Ley, producto de  que requieren una serie de trámites administrativos para obtener su financiamiento.

“Los proyectos de conservación no indican, que por una indicación de Mideso, (Ministerio de Desarrollo Social), tienen que pasar nuevamente para su evaluación, proyectos de conservación que son puntuales para salir de un punto crítico, doy un ejemplo, el Comité APR del Quilar, de la comuna de Ancud, un APR pequeño, que con el esfuerzo de sus dirigentes hoy está vigente y entregando un servicio esencial como es el agua, pero lamentablemente hoy tienen un pimponeo de correos de parte de la DOH y las unidades técnicas respecto a darle una solución, esperan que se adjudique su licitación de conservación, pero no hay recursos disponibles, tienen que esperar un año más, va a llegar la época estival, con problema de captación, entonces ¿quién aborda esa problemática?”, remarcó el Consejero Cárcamo.

Señaló que en años anteriores el Consejo Regional conocía entre 12 y 16 proyectos, a diferencia del año 2023 que ese número se redujo a la mitad, por ello pidió un análisis sobre la labor de la Dirección de Obras Hidráulica para sacar recomendaciones sociales satisfactorias.

Se espera que la Mesa Única Nacional a fines de año tenga un primer borrador de las modificaciones, el que será entregado al MOP para generar propuesta de modificación a la Ley por parte del MOP. Luego pasará a la Comisión de Recursos Hídricos del parlamento en 2024 para iniciar su discusión, esperando que el Gobierno le de urgencia de tramitación y tener un proyecto de Ley a fines del próximo año.

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Bernales llamó al Ministerio de Cultura a apoyar sitio patrimonio de la humanidad que conforman 16 templos chilotes

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Ante el complejo escenario que hoy enfrenta la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de Chiloé (FIP), para seguir salvaguardando el sitio patrimonio de la humanidad que conforman 16 templos,  por la falta de recursos para su mantención y el reciente cierre de la Fundación ProCultura que colaboraba con ellos hace 4 años en la elaboración de proyectos y seguimiento, el diputado por la zona y presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja,  Alejandro Bernales, llamó al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a apoyar con acciones concretas a protección del sitio, considerando además que es un compromiso suscrito por el Estado chileno ante la Unesco.

“Estamos muy preocupados por la situación que aqueja a las iglesias patrimonio de la humanidad de Chiloé, porque hace un par de meses se dio a conocer el poco financiamiento que éstas tienen y que muchas de ellas incluso, están en condiciones que son realmente preocupantes, además a esto se ha agregado que una de las fundaciones que era soporte justamente de recaudar recursos para las iglesias, se ha declarado en quiebra y ha dejado en abandono el plan de gestión para poder apoyar la remodelación permanente que requieren estos templos”, sentenció el legislador.

Sumó que “le solicitamos al Ministerio de las Culturas, a la ministra que estuvo hace poco en Chiloé, que le pueda informar a la ciudadanía que fue lo que conversó con la gente de las iglesias de Chiloé y cómo vamos hacer como país, pues es un compromiso adquirido a nivel mundial al ser declarado patrimonio de la humanidad, en ver cómo las vamos a mantener. Esto es urgente porque es parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia y un icono del patrimonio del mundo”.

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