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Nacional

Gran avance de la Ley Para la Naturaleza: Proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fue aprobado por la cámara

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Un nuevo e importante avance tuvo el proyecto de Ley Para la Naturaleza que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Luego de más de 11 años en el Congreso, la iniciativa logró sortear un nuevo paso en su tramitación y hoy fue aprobado por 127 a favor 2 en contra y 3 abstenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados, dando paso a su discusión en el Senado.

Esto ocurre luego de que la semana pasada fuera aprobado el informe financiero del proyecto, el cual fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida busca convertirse en el primer organismo público con dedicación exclusiva y con recursos destinados para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad que se encuentra tanto al interior como al exterior de ellas.

Se trata de una gran noticia en medio de la crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático y de contaminación que afectan al planeta. Desde el Congreso, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró la aprobación y señaló que “esta es una muestra del compromiso del Estado con la protección de la naturaleza en momentos que enfrentamos una grave crisis ambiental en el mundo entero y que a Chile ha afectado de manera muy directa”.

La ministra Rojas agregó que “como gobierno estamos seguros de que tenemos que hacernos cargo de esta compleja situación. Proteger nuestro patrimonio natural no puede seguir siendo una opción, sino que es una obligación para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático. Frente a este escenario, debemos fortalecer la institucionalidad para poder contar con más recursos y herramientas y con esto, avanzar en la conservación de nuestros ecosistemas y especies. Además, este servicio es una condición habilitante para la implementación del Marco Global de Biodiversidad. Una ley para la naturaleza es algo que Chile no puede seguir esperando”, dijo.

Cabe recordar que la iniciativa ingresó el año 2011 al Congreso.

¿En qué consiste el proyecto de ley SBAP?

El proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) busca establecer un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargue de la conservación de la biodiversidad. Su principal instrumento será el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pero contará con una serie de otros instrumentos y normativas para la conservación de la biodiversidad.

El proyecto está estructurado sobre 4 pilares:

  1. Contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile. Que integre dichas atribuciones y responsabilidad en un solo servicio y coordine a los distintos actores en torno a su gestión sectorial, que tenga una mirada integrada de todo Chile, a lo largo de todos sus ecosistemas, tanto marinos como terrestres, dentro y fuera de áreas protegidas, y que su único foco esté en la protección de la naturaleza.
  2. Crear un único Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), integrado por todas las áreas protegidas existentes en Chile, que permita fortalecer el principal instrumento de conservación del país, tanto marino como terrestre, público o privado. Actualmente las áreas protegidas se encuentran dispersas en cinco ministerios distintos: Agricultura, Economía, Cultura, Bienes Nacionales y Medio Ambiente.
  3. Asegurar que el Servicio promueva e incentive la conservación de la naturaleza también fuera de las áreas protegidas, incluyendo la creación de una serie de instrumentos que permitirán hacer frente a las principales amenazas que hoy enfrenta nuestra flora y fauna, como planes de manejo para la conservación, planes de restauración ecológica o la gestión de especies exóticas invasoras.
  4. Dotar al Servicio de recursos humanos y financieros adecuados para el cumplimiento de su mandato y de instrumentos económicos que sean capaces de cubrir las brechas históricas de financiamiento en las áreas protegidas del país y la protección del patrimonio natural del país.

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Proyecto Ley de Cabotaje: advierten sobre efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico

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Diversos son las voces del mundo marítimo que advierten las consecuencias que tendría para el sector el proyecto de ley de Cabotaje Marítimo que se discute en el Congreso y que fue despachado a segundo trámite al Senado.

Una de ellas es la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur) que reúne a más de 30 empresas del rubro marítimo portuario, desde donde se insiste en que la norma tendrá efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico, y con especiales consecuencias en la zona sur-austral.

CRITICAS

En este contexto, fue el presidente de Armasur, Héctor Henríquez Negrón quien recordó que los proyectos que buscan apertura de cabotaje se arrastran desde el 2011 y la actual iniciativa de ley viene del gobierno de Sebastián Piñera. Inicialmente el proyecto buscaba abrir totalmente el cabotaje en el territorio nacional, permitiendo que cualquier buque de bandera extrajera pueda trasladarse a cualquier punto y puerto del país. “Desde ese entonces hicimos ver que ese proyecto atentaba contra varias cosas en aspectos laborales, estratégicos, de defensa y a raíz de eso, y lo que señalaron los demás gremios, el actual gobierno lo que hace es hacer indicaciones al proyecto, y la principal es que el cabotaje debe hacerse por naves chilenas, las reserva debe quedarse para los chileno, pero inmediatamente también hace 2 o 3 indicaciones a la Ley de Fomento y Navegación, donde a través de excepciones, algunas contempladas en la ley, lo que hace es decir que los extranjeros bajo ciertas condiciones van a poder hacer cabotaje igualexpresó.

Entre las excepciones creadas está la llamada “Ruta de salida”, que permite a las naves de comercio exterior que provengan del extranjero y descarguen carga en un puerto nacional, realizar cabotaje exclusivamente en su ruta de salida. Además, el “Waiver anual”: corresponde a un permiso anual para que realicen cabotaje cuando no existan servicios de línea regulares prestados por navieras chilenas.

“Lo que hemos dicho es que esas indicaciones están dentro de la Ley de Fomento a la Marina Mercante donde se debe discutir la competencia y competitividad de mover carga, nosotros estamos de acuerdo que ahí se produzcan las discusiones que van generando cuales son los límites con que se hace cabotaje en Chile, bajo aspectos exclusivamente comerciales y económicos. Pero mantiene una sola cosa que siempre hemos criticado a las modificaciones a la ley de fomento, que es que permite, restringido, más o menos, pero permite que en un mismo territorio se permita competir con legislaciones y normativas distintas dentro de una misma industria”, expresó.

Esto referido a la dualidad que permitiría la ley, rompiendo con la igualdad de condiciones, permitiendo que las naves trabajen en territorio nacional con normativas de otros países. Además, agrega, que con el objetivo de generar competencia hace modificaciones a Ley de Navegación, normativa que no reponte, a su juicio, a esos intereses.

“Acá la tratan de modificar para mejorar ciertos aspectos económicos y de competencia que tendría el país producto de la Ley de Navegación, lo que es un tremendo error estratégico. La Ley de Navegación está para cautelar ciertos temas estratégicos del país, así la tienen más del 80% de los países que tienen acceso al mar. La Ley de Navegación no da cuenta de intereses comerciales y económicos, para esto está la Ley de Fomento, la Ley de Navegación protege el cabotaje bajo cuatro pilares. Uno, dotación chilena; dos, amadores, propietarios o capitanes chilenos; tres, autoridad fiscalizadora que regula la autoridad chilena; y cuatro, la normativa que aplica es chilena. Este proyecto de ley lo que hace, al decir que la propiedad mayoritariamente pueda ser una naviera extranjera, rompe el criterio. También, se rompe el principio de la entidad fiscalizadora, porque aquí la Autoridad Marítimo o la Dirección del Trabajo y el tercero es la normativa que debe regular es nacional, esta ley la viene a romper porque la normativa sería la de la bandera”, agregó.

EFECTOS

El presidente de Armasur, agregó que junto con lo anterior hay un efecto sobre la integración territorial que afecta a nuestra zona, entendiendo que se hace a través del mar. Agregó que es por ello que insisten en abrir el diálogo para poner estos puntos en la discusión.

“Si uno hace un análisis económico, comercial, del sur austral con la legislación que tenemos hoy en día, no la que se está pensando modificar, el desarrollo que ha tenido la actividad marítima en el sur austral ha sido impresionante. En naves mayores el año 1990 teníamos 30, ahora tenemos más 300 producto del crecimiento en la conectividad, mitilicultura, salmonicultura, entre otras. Pero no solo en naves, en puerto, en astilleros ha sido extraordinario, y así lo reconoce la misma autoridad. Pero, además, ha permitido que más de 600 naves menores estén participando de la actividad marítima, de pequeños y microempresarios navieros que se han convertido de la pesca artesanal, entonces ha desarrollado en forma importante y ha dado para todos”, apuntó.

Finalmente, Héctor Henríquez señaló que como gremio seguirán liderando las conversaciones, ahora en el Senado. “Esperamos encontrar en el Senado, sobre todo los senadores de la región y de las regiones más extremas, una capacidad de análisis en su contexto más amplio, que solo comercial y económico. Estamos convencidos que así será, estamos convencidos que tendrán la altura de dimensionarlo en su contexto integral. Ese es un trabajo que tenemos que hacer como gremios y eso es lo que estamos haciendo”, cerró.

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La mitad de quienes pidieron préstamos solidarios en pandemia no ha pagado ninguna cuota

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La mitad de las casi 1,9 millones de personas que solicitó los préstamos solidarios de 2020 y 2021, dispuestos por el Estado para cubrir la caída de rentas o ingresos de trabajadores dependientes e independientes y empresarios individuales durante la pandemia del Covid-19, no ha pagado ninguna cuota.

Según información del Servicio de Impuestos Internos, 1.856.757 RUT únicos accedieron a la ayuda, y el monto totalizó 2.032.162 millones de pesos, publica hoy La Tercera.

Desagregada la cifra, 557.616 personas pidieron ambos préstamos, En tanto, 750.498 obtuvieron solo el de 2020 y 548.643 el de 2021.

Según las respectivas leyes que habilitaron los aportes, que estos préstamos debían reintegrarse en cuatro cuotas anuales, del 10% la primera y del 30% las tres siguientes, a través del proceso de Operación Renta.

Por el préstamo del de 2020, la cuota inicial debió pagarse en 2022 y la segunda, este año. Por la ayuda del 2021, recién este 2023 correspondía el primer abono, en ambos casos con la opción de que el contribuyente pudiese pagar anticipadamente.

De acuerdo con el balance del SII, 909.825 RUT únicos, el 49% del total, registran algún pago, por 273.243 millones de pesos en total; pero 946.932 beneficiarios (el 51%) no han efectuado ninguno.

Las leyes de cada préstamo establecieron que cada cuota no podía superar el 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual del contribuyente. En caso de que, por la aplicación de ese tope, al cuarto existiera aún un saldo por devolver, éste será condonado.

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A dos semanas del plebiscito, campañas despliegan todos sus esfuerzos

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A dos semanas del plebiscito, los comandos del A Favor y el En Contra comienzan a reforzar sus campañas para el sufragio del 17 de diciembre con el fin de informar adecuadamente a la población sobre las ventajas y desventajas de la propuesta de Constitución.

Por una parte, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), participó de una actividad junto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y vecinos de dicha comuna, en la que dio cuenta del repunte de la opción A Favor en las encuestas.

En ello, Hevia apuntó que «con el paso de las semanas y con la posibilidad que ha tenido la ciudadanía de informarse, hemos visto cómo el texto va ganando adhesión. Yo soy una convencida que el que la lee se informe, le gusta y por tanto vota A Favor».

«He estado en distintas lugares de Chile, hay más cercanía, necesidad y ganas de querer conocer y querer aprobar este proceso constitucional, porque votando A Favor podemos cerrar este capítulo constitucional, quienes insisten que si se mantiene abierto, solo significa que no tienen el foco y las preocupaciones en las urgencias sociales«, sostuvo.

EN CONTRA PONE FOCO EN DESVENTAJAS DEL TEXTO

Por otro lado, desde el comando del En Contra señalaron que en las últimas semanas se enfocarán en informar las desventajas del texto y no en una campaña polarizante.

En ese sentido, la excomisionada experta y vocera del comando, Antonia Rivas (CS), destacó que «si se dan cuenta, nosotros no hemos cambiado la estrategia de campaña, hemos seguido una sola línea y es explicar que este texto tiene letra chica».

En esa línea, enfatizó que «el A Favor va como en un cuarto cambio de campaña y la verdad es que avanzando hacia la polarización. Y lo más importante, nos quieren hacer creer que este es un plebiscito contra el Gobierno, eso van a instalar».

«Le digo a todos los chilenos que lo que se vota el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos con sus amigos de Chile Vamos. El 17 de diciembre se vota la mala propuesta, la propuesta que divide y nada más», aseveró.

Por otro lado, el crecimiento del «Que se jodan» del A Favor remeció la campaña y por lo mismo, el En Contra respondió este domingo propuesta audiovisual donde se preguntan: «¿Quién se jode con la propuesta constitucional?».

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