Nacional
Gobierno anunció plan de ayudas sociales: Aumento del «Bono Marzo», transferencias directas y baja en medicamentos

El Presidente Gabriel Boric anunció un plan de ayudas sociales para este primer semestre, que consiste en el aumento del Aporte Familiar Permanente -o denominado «Bono Marzo»-, una transferencia estatal por carga, rebaja en el precio de medicamentos, entre otras medidas.
Desde la ciudad de Valdivia, el Mandatario sostuvo que «estamos viviendo momentos difíciles, el primer semestre va a ser desafiante y el alza del costo de la vida es un desafío para todas las familias chilenas», puntualizando que «como Gobierno tenemos que hacernos cargo de esto, primero con políticas públicas responsables para detener el alza inflacionaria», como también con «recursos disponibles para las familias».
El paquete de medidas anunciado por el Presidente será enviado al Congreso «para su pronta aprobación, y espero que más allá del clima crispado que se produce producto de las disputas políticas cotidianas, seamos capaces de poner por delante los problemas y urgencias de nuestro pueblo».
«Este año vamos a trabajar aún con más fuerza para garantizar derechos, para asegurar su seguridad económica, social y ciudadana, que sabemos que es su prioridad. Mi Gobierno está y seguirá en terreno», recalcó.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, concluyó que hay que «entender cuál es el efecto combinado de estas medidas, porque como habrán notado muchas de ellas abarcan a hogares que tienen características o coberturas similares, por lo tanto, los beneficios se van a poder combinar«.
«Entonces, si consideramos el segundo trimestre del año y consideramos cuáles son los ingresos adicionales que se van a obtener, en relación a un trimestre normal, lo que vamos a tener es en primer lugar, algo que no es parte de este paquete, pero que sí está vigente, es el aumento del ingreso mínimo en 10 mil pesos«, explicó.
DETALLE DE LAS MEDIDAS
En primer lugar, se aumentará al doble el Aporte Familiar Permanente (conocido como «Bono Marzo») de este año, pasando de 60 mil a 120 mil pesos y alcanzará a más de 1,5 millones de hogares.
Se creará un «Bolsillo Familiar Electrónico» que «consistirá en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga por ocho meses, justamente para ayudar a enfrentar el alza del costo de la vida de las familias y esto es algo que se va a notar en el bolsillo», comentó el Jefe de Estado. Esto reemplazará al «Aporte Canasta Básica de Alimentos», que tenía vigencia sólo hasta abril de 2023.
También se aumentará el monto de la Asignación Familiar (AF) y el Subsidio Único Familiar (SUF) en un 20% y, a su vez, se avanzará en la automatización del dicho subsidio para que llegue a más de 900 mil niños.
«Estas nuevas medidas incluyen otros importantes beneficios para las familias, como por ejemplo, la extensión de la postulación para que nuevas personas puedan acceder al IFE Laboral y al Subsidio Protege durante el primer semestre del 2023″. añadió.
Además, aseguró que se establecerán nuevos convenios con farmacias para «aumentar de 2.700, que son hoy día, a 6.900 medicamentos con descuento, lo que va a disminuir en un 32% su valor promedio».
Asimismo, se ampliará el programa de administración de alimentación escolar PAE a 50 mil niños de prekínder y kínder de colegios públicos y, nuevamente, se incrementará en 5.000 pesos la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES).
«Finalmente -continuó el Mandatario-, estamos creando un fondo especial de garantías estatales de 50.000 millones de pesos, para poder respaldar créditos en el sector de la construcción, permitiendo la mantención y el fomento de nuevos empleos y haciéndonos cargo de las dificultades que han vivido por justamente el alza de los costos que ha tenido esta industria en particular».
OPOSICIÓN ESPERA INCLUIR A OTROS GRUPOS; OFICIALISMO ABOGA POR RÁPIDA TRAMITACIÓN
Desde el Congreso, el diputado opositor Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, consideró que «el proyecto es demasiado focalizado».
«Beneficia a los sectores más desposeídos, claramente, pero deja fuera a la gran mayoría de los chilenos, sectores de clase media, empobrecidos, endeudados luego de la pandemia, que tienen serios problemas para llegar a fin de mes, que están pagando con tarjetas de créditos en supermercados, tienen problemas para pagar su dividendo, la cuota del auto, el colegio de los niños. Vamos a tener que hacer un esfuerzo por incluirlos en otro tipo de beneficios, quizás exenciones tributarias o ayudas indirectas que no aumenten niveles de inflación«, sostuvo.
Por su parte, en el oficialismo, el diputado Boris Barrera, jefe de la bancada comunista, destacó que lo anunciado «son cosas que realmente van a tener un impacto importante en el bolsillo de las personas y van a permitir que el costo de la vida se les alivie un poquito».
Por ello, «cuando lleguen los proyectos, los vamos a vamos a tratar de tramitar con la celeridad que corresponde y la urgencia que necesita la gente, creo y espero que estén todos los votos, ojalá de manera transversal», apuntó.
El diputado socialista Jaime Naranjo, presidente de la Comisión de Hacienda, valoró que las medidas van en una línea acertada, pero adelantó que probablemente tendrán que ser mejoradas, e incluso no descartó que haya que impulsar nuevos aportes para los próximos meses, según evolucione la economía.
«Lo importante —subrayó el parlamentario— es que se le da una señal, particularmente a los sectores más vulnerables, de qué es lo que va a ocurrir con ellos si el día de mañana tienen dificultades».
Nacional
Proyecto Ley de Cabotaje: advierten sobre efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico

Diversos son las voces del mundo marítimo que advierten las consecuencias que tendría para el sector el proyecto de ley de Cabotaje Marítimo que se discute en el Congreso y que fue despachado a segundo trámite al Senado.
Una de ellas es la Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (Armasur) que reúne a más de 30 empresas del rubro marítimo portuario, desde donde se insiste en que la norma tendrá efectos negativos no solo desde el punto de vista económico y comercial, sino que también estratégico, y con especiales consecuencias en la zona sur-austral.
CRITICAS
En este contexto, fue el presidente de Armasur, Héctor Henríquez Negrón quien recordó que los proyectos que buscan apertura de cabotaje se arrastran desde el 2011 y la actual iniciativa de ley viene del gobierno de Sebastián Piñera. Inicialmente el proyecto buscaba abrir totalmente el cabotaje en el territorio nacional, permitiendo que cualquier buque de bandera extrajera pueda trasladarse a cualquier punto y puerto del país. “Desde ese entonces hicimos ver que ese proyecto atentaba contra varias cosas en aspectos laborales, estratégicos, de defensa y a raíz de eso, y lo que señalaron los demás gremios, el actual gobierno lo que hace es hacer indicaciones al proyecto, y la principal es que el cabotaje debe hacerse por naves chilenas, las reserva debe quedarse para los chileno, pero inmediatamente también hace 2 o 3 indicaciones a la Ley de Fomento y Navegación, donde a través de excepciones, algunas contempladas en la ley, lo que hace es decir que los extranjeros bajo ciertas condiciones van a poder hacer cabotaje igual” expresó.
Entre las excepciones creadas está la llamada “Ruta de salida”, que permite a las naves de comercio exterior que provengan del extranjero y descarguen carga en un puerto nacional, realizar cabotaje exclusivamente en su ruta de salida. Además, el “Waiver anual”: corresponde a un permiso anual para que realicen cabotaje cuando no existan servicios de línea regulares prestados por navieras chilenas.
“Lo que hemos dicho es que esas indicaciones están dentro de la Ley de Fomento a la Marina Mercante donde se debe discutir la competencia y competitividad de mover carga, nosotros estamos de acuerdo que ahí se produzcan las discusiones que van generando cuales son los límites con que se hace cabotaje en Chile, bajo aspectos exclusivamente comerciales y económicos. Pero mantiene una sola cosa que siempre hemos criticado a las modificaciones a la ley de fomento, que es que permite, restringido, más o menos, pero permite que en un mismo territorio se permita competir con legislaciones y normativas distintas dentro de una misma industria”, expresó.
Esto referido a la dualidad que permitiría la ley, rompiendo con la igualdad de condiciones, permitiendo que las naves trabajen en territorio nacional con normativas de otros países. Además, agrega, que con el objetivo de generar competencia hace modificaciones a Ley de Navegación, normativa que no reponte, a su juicio, a esos intereses.
“Acá la tratan de modificar para mejorar ciertos aspectos económicos y de competencia que tendría el país producto de la Ley de Navegación, lo que es un tremendo error estratégico. La Ley de Navegación está para cautelar ciertos temas estratégicos del país, así la tienen más del 80% de los países que tienen acceso al mar. La Ley de Navegación no da cuenta de intereses comerciales y económicos, para esto está la Ley de Fomento, la Ley de Navegación protege el cabotaje bajo cuatro pilares. Uno, dotación chilena; dos, amadores, propietarios o capitanes chilenos; tres, autoridad fiscalizadora que regula la autoridad chilena; y cuatro, la normativa que aplica es chilena. Este proyecto de ley lo que hace, al decir que la propiedad mayoritariamente pueda ser una naviera extranjera, rompe el criterio. También, se rompe el principio de la entidad fiscalizadora, porque aquí la Autoridad Marítimo o la Dirección del Trabajo y el tercero es la normativa que debe regular es nacional, esta ley la viene a romper porque la normativa sería la de la bandera”, agregó.
EFECTOS
El presidente de Armasur, agregó que junto con lo anterior hay un efecto sobre la integración territorial que afecta a nuestra zona, entendiendo que se hace a través del mar. Agregó que es por ello que insisten en abrir el diálogo para poner estos puntos en la discusión.
“Si uno hace un análisis económico, comercial, del sur austral con la legislación que tenemos hoy en día, no la que se está pensando modificar, el desarrollo que ha tenido la actividad marítima en el sur austral ha sido impresionante. En naves mayores el año 1990 teníamos 30, ahora tenemos más 300 producto del crecimiento en la conectividad, mitilicultura, salmonicultura, entre otras. Pero no solo en naves, en puerto, en astilleros ha sido extraordinario, y así lo reconoce la misma autoridad. Pero, además, ha permitido que más de 600 naves menores estén participando de la actividad marítima, de pequeños y microempresarios navieros que se han convertido de la pesca artesanal, entonces ha desarrollado en forma importante y ha dado para todos”, apuntó.
Finalmente, Héctor Henríquez señaló que como gremio seguirán liderando las conversaciones, ahora en el Senado. “Esperamos encontrar en el Senado, sobre todo los senadores de la región y de las regiones más extremas, una capacidad de análisis en su contexto más amplio, que solo comercial y económico. Estamos convencidos que así será, estamos convencidos que tendrán la altura de dimensionarlo en su contexto integral. Ese es un trabajo que tenemos que hacer como gremios y eso es lo que estamos haciendo”, cerró.
Nacional
La mitad de quienes pidieron préstamos solidarios en pandemia no ha pagado ninguna cuota

La mitad de las casi 1,9 millones de personas que solicitó los préstamos solidarios de 2020 y 2021, dispuestos por el Estado para cubrir la caída de rentas o ingresos de trabajadores dependientes e independientes y empresarios individuales durante la pandemia del Covid-19, no ha pagado ninguna cuota.
Según información del Servicio de Impuestos Internos, 1.856.757 RUT únicos accedieron a la ayuda, y el monto totalizó 2.032.162 millones de pesos, publica hoy La Tercera.
Desagregada la cifra, 557.616 personas pidieron ambos préstamos, En tanto, 750.498 obtuvieron solo el de 2020 y 548.643 el de 2021.
Según las respectivas leyes que habilitaron los aportes, que estos préstamos debían reintegrarse en cuatro cuotas anuales, del 10% la primera y del 30% las tres siguientes, a través del proceso de Operación Renta.
Por el préstamo del de 2020, la cuota inicial debió pagarse en 2022 y la segunda, este año. Por la ayuda del 2021, recién este 2023 correspondía el primer abono, en ambos casos con la opción de que el contribuyente pudiese pagar anticipadamente.
De acuerdo con el balance del SII, 909.825 RUT únicos, el 49% del total, registran algún pago, por 273.243 millones de pesos en total; pero 946.932 beneficiarios (el 51%) no han efectuado ninguno.
Las leyes de cada préstamo establecieron que cada cuota no podía superar el 5% de las rentas que forman parte de la declaración anual del contribuyente. En caso de que, por la aplicación de ese tope, al cuarto existiera aún un saldo por devolver, éste será condonado.
Nacional
A dos semanas del plebiscito, campañas despliegan todos sus esfuerzos

A dos semanas del plebiscito, los comandos del A Favor y el En Contra comienzan a reforzar sus campañas para el sufragio del 17 de diciembre con el fin de informar adecuadamente a la población sobre las ventajas y desventajas de la propuesta de Constitución.
Por una parte, la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Republicanos), participó de una actividad junto al alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y vecinos de dicha comuna, en la que dio cuenta del repunte de la opción A Favor en las encuestas.
En ello, Hevia apuntó que «con el paso de las semanas y con la posibilidad que ha tenido la ciudadanía de informarse, hemos visto cómo el texto va ganando adhesión. Yo soy una convencida que el que la lee se informe, le gusta y por tanto vota A Favor».
«He estado en distintas lugares de Chile, hay más cercanía, necesidad y ganas de querer conocer y querer aprobar este proceso constitucional, porque votando A Favor podemos cerrar este capítulo constitucional, quienes insisten que si se mantiene abierto, solo significa que no tienen el foco y las preocupaciones en las urgencias sociales«, sostuvo.
EN CONTRA PONE FOCO EN DESVENTAJAS DEL TEXTO
Por otro lado, desde el comando del En Contra señalaron que en las últimas semanas se enfocarán en informar las desventajas del texto y no en una campaña polarizante.
En ese sentido, la excomisionada experta y vocera del comando, Antonia Rivas (CS), destacó que «si se dan cuenta, nosotros no hemos cambiado la estrategia de campaña, hemos seguido una sola línea y es explicar que este texto tiene letra chica».
En esa línea, enfatizó que «el A Favor va como en un cuarto cambio de campaña y la verdad es que avanzando hacia la polarización. Y lo más importante, nos quieren hacer creer que este es un plebiscito contra el Gobierno, eso van a instalar».
«Le digo a todos los chilenos que lo que se vota el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos con sus amigos de Chile Vamos. El 17 de diciembre se vota la mala propuesta, la propuesta que divide y nada más», aseveró.
Por otro lado, el crecimiento del «Que se jodan» del A Favor remeció la campaña y por lo mismo, el En Contra respondió este domingo propuesta audiovisual donde se preguntan: «¿Quién se jode con la propuesta constitucional?».
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