Este sábado comenzara a regir la prohibición de publicar sondeos de cara al plebiscito constitucional del 17 de diciembre -establecida en la ley de votaciones populares y escrutinios-, por lo que las encuestadoras publicaron sus proyecciones finales para proyectar si la ciudadanía estará A Favor o En Contra de la propuesta constitucional.

De acuerdo con las predicciones, la opción En Contra lidera las preferencias, con distancias que van desde los 23 hasta los 6 puntos. Sin embargo, la encuesta Partner, una de las que mejor proyección tuvo durante la elección de los consejeros constitucionales, proyectó 52,6% para la opción A Favor y 45,5% al En Contra.

Por su parte, el sondeo de Pulso Ciudadano proyecta 60% de preferencias para la opción En Contra (-6,6 puntos) y 40% para el A Favor (+6,6 puntos).

«Hace dos semanas teníamos una relación 65-35; hoy día tenemos una relación 60-40. Todas las cosas de alguna manera influyen, el estilo campaña, declaraciones o no declaraciones del Presidente, que se meta o no se meta en el tema, todo influye», afirmó Cavieres.

«Esta campaña había sido una campaña apática, no había prendido, no había habido emocionalidad. (Lo del que se jodan) son estrategias, si la cosa venía apática y no pasaba nada, va a seguir la misma tendencia de lo que están mostrando las encuestas, digamos que hay una gran diferencia. Pero bueno, algo se mueve», agregó.

En tanto, la encuesta Ipsos, que también fue publicada este viernes, reveló que casi 60% de los encuestados apoyan iniciar un nuevo proceso constitucional, pero en unos años más. Además, el sondeo reveló que el A Favor cuenta con 30,7% de apoyo, mientras que la postura En Contra llega al 39,7%.

COMANDOS ENDURECEN SUS CAMPAÑAS

Durante este fin de semana se emitirá la respuesta del comando En Contra al «que se jodan» del A Favor en la franja televisiva. «Este 17 de diciembre no votamos para jodernos, votamos para encontrarnos», afirma la voz que acompaña al video de la franja, que ya circula en redes sociales.

Al respecto, la excomisionada experta y vocera del En Contra, Antonia Rivas, aseguró que «nos parece lamentable y preocupante la idea de que se jodan, porque la verdad es que lo que nosotros buscamos es terminar con la polarización y buscar un texto que nos una y que nos permita reencontrarnos. No tenemos que buscar que Chile se joda, nosotros tenemos que buscar que Chile se encuentre».

En tanto, el vocero del A Favor, Claudio Salinas, sostuvo que «vemos una estrategia desesperada de parte de la campaña del En Contra. Sabemos que durante la última semana se ha consolidado en nuestro país una gran tendencia hacia el A Favor, y hoy día esa es una respuesta desesperada, pero no solamente una respuesta desesperada de parte del En Contra, sino que siguen insistiendo en sus mentiras».

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, aclararon, esta tarde, que las diligencias que llevó adelante la Fiscalía de Tarapacá en el Minvu son consecuencia de una denuncia que el mismo titular de Vivienda realizó luego de que se conociera el “Caso Convenios”.

“Hay una acción que viene por la denuncia que nosotros presentamos el 14 de agosto. Una denuncia que surgió de una serie de dudas y antecedentes que teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario y de dos instituciones en Tarapacá. Información que también entregamos a la Comisión Investigadora en su momento”, señaló el ministro Montes, quien agregó que “nos interesa, realmente, que se llegue al fondo, no estamos escondiendo nada. Además, estos son hechos que corresponden al gobierno anterior. El Ministerio Público me estableció como testigo porque hicimos nosotros la denuncia”.

En tanto, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, recalcó que “nuestro Gobierno, y lo ha dicho el Presidente de la República, va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción en nuestro país. No meras declaraciones, acciones, y eso ha implicado acciones penales, administrativas y también legales”.

“Antes de ayer se despachó del Congreso Nacional la ley de Presupuestos, que incorporó mil medidas para elevar los estándares de prioridad y control del uso de los recursos públicos. Varias de esas medidas que involucran el funcionamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya se venían realizando y ejecutando por parte del Ministerio y están en plena vigencia para robustecer las capacidades del Estado para ir acortando toda aquella brecha institucional que dé paso a acciones de corrupción por parte de inescrupulosos, sean de cualquier partido político o independiente”, aseguró la titular de Segegob.

La ministra Vallejo recalcó que “esta diligencia es fruto de una denuncia que el mismo ministro y el Minvu interpuso contra un exfuncionario del ministerio que renunció cuando nosotros asumimos como Gobierno. Se trata de un exfuncionario que venía de la administración anterior y que renunció en mayo del año pasado”.
El ministro Carlos Montes fue categórico al señalar que “este no es un ministerio corrupto. Los que aquí trabajan son personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales, a trabajar por los campamentos en distintos lados y creemos que en ese sentido toda imagen que se da en esa dirección es un error”.

El titular del Minvu recalcó que “aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación del Programa de Asentamientos Precarios que era el que venía desde el año 2019. Y este modelo se aplicaba con los municipios y se aplicó también a las fundaciones, lo que dejaba forados y permitió que hubiera un acto de corrupción, que fue el caso de Democracia Viva en Antofagasta. A partir de eso nosotros entramos a investigar. Buena parte del informe de la Contraloría proviene de las investigaciones que nosotros mismos hicimos y le entregamos a la Contraloría. No es verdad que en cada región de este país haya una Democracia Viva, eso no es verdad, eso es un error. Lo que sí hay faltas administrativas, que las tenemos bastante precisadas”.

Finalmente, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que “si estamos acá, es justamente porque hemos estado respaldando, en todo momento, el trabajo de este ministerio que está liderado por el ministro Carlos Montes, haciendo todas las acciones necesarias para enfrentar esta situación y aclarar a la ciudadanía, desde el punto de vista penal, como también administrativo y político, lo que está detrás del caso de Democracia Viva y las irregularidades que hemos conocido en otras fundaciones. Por lo tanto, el hecho de que estemos acá, junto con el ministro de Vivienda, refuerza el respaldo que tiene por parte de todo el Gobierno, partiendo por el presidente de la República, Gabriel Boric”.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó la implementación de mejoras en el cálculo de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH), a través de cambios que buscan reflejar de manera más precisa y la realidad de los hogares en el país, los que se aplican de manera automática en los registros de las personas.

A partir de noviembre, la Subsecretaría de Evaluación Social incorporó nuevos datos al Registro Social de Hogares, marcando un hito importante para más de 779 mil hogares a nivel nacional, de los que cerca de 420 mil ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 360 mil son las familias que ingresarán al tramo del 40%. En ambos tramos se concentran las principales prestaciones que entrega el Estado. Mientras que, en la Región de Los Lagos, serán 39.773 los hogares que podrán postular a beneficios del Estado a los que antes no accedían. Más de 21 mil ingresarán al tramo del 60%, mientras que casi 19 mil son las familias que ingresarán al tramo del 40%.

Entre las medidas implementadas, se incorporará el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, lo que permitirá que no se sumen como ingreso económico las pensiones de alimentos impagas, beneficiando principalmente a mujeres y a sus hijos/as.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, enfatizó que “esta es una muy buena noticia para las familias, porque estos cambios permiten que la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares sea más ajustada a la realidad. Esto significa en la práctica que cerca de 800 mil hogares entran a tramos más bajos, lo que les permitirá acceder a beneficios sociales a los que antes no podían acceder. Por eso también la invitación es a que las personas mantengan actualizado su registro, porque esto permite al Estado avanzar en políticas públicas acordes a la realidad del país”.

“Nuestro Gobierno está llevando a cabo un hito muy relevante realizando mejoras al Registro Social de Hogares, esto permitirá a más de 39 mil hogares de la región de Los Lagos postular a beneficios del Estado, dichos cambios facilitarán los procesos en la asignación de recursos y ayudas para aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El Presidente Boric nos ha encargado hacerlo de modo que las familias tengan un mayor acceso a las prestaciones del Estado y logren mejorar sus vidas” enfatizó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Enzo Jaramillo Hott.

¿CUALES SON LOS CAMBIOS?

Actualización de los valores máximos de ingresos de los tramos en base a Casen 2022: Con los resultados de la Encuesta Casen 2022, se van a actualizar los límites en los tramos de la Calificación Socioeconómica. Esta medida se debe a que los ingresos han cambiado desde los vigentes de Casen 2017. En concreto, ahora los ingresos que se consideran para cada tramo representan mejor la realidad del país y de los hogares.

Incorporación del Registro Nacional de Deudores de Alimentos: La inclusión del Registro de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA) permitirá identificar de manera automática las pensiones de alimentos impagas para no incorporarlas como ingresos en el RSH en el que estén incorporados los hijos beneficiarios.

Nuevas fuentes de información de dependencia y discapacidad: Se incorporarán diversas fuentes administrativas, como el Subsidio de Discapacidad para niños, niñas y adolescentes, Pensiones Básicas Solidarias, Aportes Previsionales Solidarios, entre otros, simplificando la acreditación de situaciones de dependencia, discapacidad e invalidez.

Reconsideración de las pensiones de reparación: Las pensiones de reparación de personas incluidas en los informes Rettig y Valech, así como personas exoneradas políticas, no se considerarán como ingresos económicos en el cálculo de la Calificación Socioeconómica. Este cambio había sido anunciado en septiembre de este año, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la dictadura cívico militar.